Por unas políticas eficaces de empleo y con capacidad de decisión

Además, la precariedad es un hecho. Tras la entrada en vigor el pasado mes de junio de la reforma laboral, más del 93% de los contratos que se registran sigue siendo temporal, a pesar de que para aprobar esa reforma se decía, falsamente, que la temporalidad se reduciría. El resultado es tremendo: se destruye empleo de manera más fácil y barata y se incrementa la temporalidad. 

Bastan estos datos para concluir que las políticas de empleo que se aplican no son precisamente un éxito. Esto es más evidente aún si vemos que el mayor nivel de paro de la Unión Europea está en el estado español (más del 20%). Por cierto, es increíble que con estos niveles de desempleo y de precariedad haya quienes defiendan el supuesto éxito del “diálogo social”.

El “éxito” no está en la mejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras; quizás sí en las posibilidades de financiación que ofrece participar en la gestión de ese modelo. Pues bien, gobierno, patronal y CCOO y UGT quieren extender, a toda costa, ese modelo fracasado a la CAPV. La adulteración de los órganos de participación institucional realizada en la CAPV, usurpando la representación a la mayoría sindical vasca (ELA y LAB), pretende dar legitimidad a esas actuaciones. 

En las últimas semanas se habla mucho sobre la transferencia de las políticas activas de empleo (conjunto de programas y medidas de intermediación, orientación, formación y creación de empleo). Lo primero que hay que decir es que no existe ninguna información respecto a los contenidos del supuesto acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y el Gobierno español sobre esa materia. Tampoco la hubo cuando el PNV y el gobierno español, a cambio de dar cobertura a los restrictivos y antisociales presupuestos del estado para 2010, hicieron un pacto sobre esa materia.

Este pacto  no fue dado a conocer inicialmente, haciéndose público su contenido mediante una posterior filtración periodística. La falta de información también abarca a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos afectados, que desconocen cuál será su situación laboral. Existe una opacidad absoluta. ELA exige el derecho a esa información, hasta ahora negado sistemáticamente. Exige, también, ser consultada sobre la transferencia de una materia muy importante para la clase trabajadora, como es la del empleo.  

Parece oportuno recordar nuestra posición en esta materia, basada en tres ejes. El primero, que la transferencia de las políticas activas y pasivas de empleo debe realizarse conjuntamente, no deben separarse. Por el contrario, el Lehendakari Patxi López ha manifestado públicamente su renuncia a la transferencia de las prestaciones por desempleo (las denominadas pasivas) y, en función de lo que se conoce por los medios de comunicación de las conversaciones entre el PNV y el Gobierno español, también las políticas pasivas se dejarían de lado. 

En segundo lugar, los criterios fijados en el Concierto Económico deben respetarse. Sabemos que ésta es una materia farragosa pero vamos a tratar de explicarnos. La cuestión, no es cuánto dinero se recoge cada año en los presupuestos del estado para esas partidas, sino qué capacidad real de gestión económica se traspasa al Gobierno Vasco. Esto es, las instituciones vascas tienen derecho a gestionar directamente la totalidad de los recursos económicos recaudados en la CAPV relacionados con las políticas de empleo, incluidas las cotizaciones sociales. La diferencia es clara: la financiación a que tenemos derecho no debe depender de la decisión caprichosa que cada año tome el gobierno español de turno. Sobre esta cuestión tan importante sólo se sabe que el Lehendakari también ha renunciado a ello, y el debate se circunscribe exclusivamente a la cuantía que aparecerá en los presupuestos de 2011.

Por último, es fundamental que la transferencia de las políticas de empleo suponga capacidad de decisión respecto a las mismas, y que no se trate de una competencia  condicionada a la aplicación de las nefastas políticas establecidas en el estado español. De esto, lo único que se sabe es que el gobierno español, la patronal, CCOO y UGT no están dispuestos a ello.  

ELA va a seguir exigiendo información, transparencia y una transferencia de las políticas de empleo en condiciones. Y vamos a denunciar los incumplimientos en esta materia. Las políticas de empleo no son un tema menor. Ni mucho menos.

Exigimos que no se acepte ningún retroceso político respecto a la posición histórica señalada anteriormente, coincidente con el discurso de gobiernos anteriores. Las políticas de empleo son mucho más que un flujo financiero. Nos estamos jugando la capacidad real de poder aplicar líneas de trabajo propias y eficaces. Y ello no sólo es importante desde una perspectiva de autogobierno, que lo es, sino que, vistos los resultados de las políticas de empleo decididas en España, es obvio que no resulta muy inteligente obligar a que esas mismas políticas sean ejecutadas aquí cambiando simplemente los logos de los gobiernos correspondientes.

Mikel Noval. Responsable de política social de ELA