¡Quien habla en euskera, al rincón y a callar!

Es probable que el nuevo decreto que se está trabajando en la Viceconsejería de Políticas Lingüísticas, que aún desconocemos, pueda suponer algún avance, a la vista de cómo ha sacado el socio del PNV a pasear a sus intelectuales (Lopez Basaguren, Auzmendi, Igartua...). En el citado artículo defienden que con el Decreto se ha ido demasiado lejos, porque, alegan, se discrimina a las personas que solo hablan español en el acceso a la administración. Las y los vascohablantes sabemos bien que con la actual legislación todavía no es posible ser atendidas en euskara en las administraciones y que, salvo en la educación pública y los municipios pertenecientes a UEMA, la única lengua de trabajo es el español.

La cuestión no es solo que no se pueda avanzar, sino que el hecho de intentar modificar la realidad actual se asocia con el conflicto, y eso, parece ser, perjudica al euskara. Pero para estas personas el problema no es el euskara, sino la identidad colectiva inherente a la lengua; quieren evitar que a partir del debate en torno al euskara se originen problemas “identitarios” y se ponga en riesgo la “cohesión” de la sociedad. Conocemos bien esta melodía: Es sabido que poner en cuestión el Estatuto de Gernika divide a la sociedad, mientras que impedir la realización del proyecto político de quien piensa diferente es el paradigma de la paz. Esto es matonismo político.

Estas personas elaboran el concepto ideológico de “lenguas en libertad”. Sin embargo, se trata de una libertad neoliberal. Cada quien tiene derecho de aprender y utilizar la lengua que quiera, pero en realidad esa libertad está reservada a las personas castellanoparlantes monolingües, porque somos las y los vascohablantes bilingües quienes les otorgamos la libertad para hablar en su lengua. Somos nosotros y nosotras quienes tenemos limitada nuestra libertad lingüística. Porque todos los derechos, también los lingüísticos, son colectivos; solo pueden ejercerse en relación con las demás personas que integran la comunidad. Esperaba otro planteamiento por parte de gente cercana a la socialdemocracia; creía que demandarían a las administraciones implicación y recursos para garantizar la posibilidad de aprender euskara a las personas que no la han tenido, para que así todo el mundo pueda hablar libremente en la lengua de su elección. Pero no, tal como ha asumido el liberalismo económico, el PSE-E también ha hecho suyo el neoliberalismo lingüístico.

López Basaguren lo dice claramente acerca de la sentencia de Irún: “no es posible establecer perfiles lingüísticos en 12 plazas en una localidad en la que el uso del euskara es del 8%”; dicho de otra manera, no se pueden crear las condiciones para que el uso del euskara supere el 8%. Ni se les ha pasado por la cabeza cuestionarse por qué se usa tan poco. Es lo que nos plantean a quienes queremos vivir en euskara: que pidamos al municipal hispanohablante monolingüe que nos está poniendo una multa que se vaya y exijamos a un o una agente euskaldun. ¡Estoy seguro que mostrarían esa misma valentia!

El euskara solo se puede utilizar “libremente” en esas condiciones, no de otra manera. Que en las situaciones en que somos vulnerables; cuando estamos enfermos; al solicitar una prestación social, o cuando vamos a demandar un empleo (es ese el trabajo que se desarrolla en las administraciones), nos veamos obligadas a exigir el uso de nuestra lengua. Si hablar en euskara es fuente de conflicto, es porque las personas vascohablantes tenemos que hacer valer nuestros derechos lingüísticos en esas situaciones. El hecho de no querer conflictos supone normalizar esa situación. No podemos utilizar el euskara libremente en numerosísimos ámbitos de nuestra vida diaria (al comprar el pan, ver una película, pedir un café en un bar...); ¿nos veremos obligados a aceptar que ni siquiera en las administraciones públicas es posible? ¿Tienen que resignarse las personas que trabajan en las administraciones a que la única lengua de trabajo sea el español?

Esa clase intelectual (y judicial) conoce bien la legislación española. Nunca les he oído quejarse de la imposición del español. En todas las plazas de las administraciones públicas, en el 100% de ellas, es imprescindible saber español; es más, toda persona que no tenga la nacionalidad española y quiera trabajar en una plaza pública debería demostrar un conocimiento del español equivalente al EGA en euskara. ¿A cuántos premios Nobel estamos cerrando las puertas? Estoy dispuesto a organizar junto con el PSE-EE y la judicatura una manifestación en contra de esta medida tan excluyente. En el artículo citado se manifestaba la preocupación por la marginación de personas migrantes en el acceso a las administraciones, pero sus firmatnes no es problema que una cirujana vascohablante monolingüe (bilingüe en frances) de Hendaia no pueda trabajar en Irún. Consideran normal hablar el español, en la misma medida en que saber euskara resulta una frivolidad.

Trabajar en las administraciones no es un derecho para toda la ciudadanía. En las administraciones hay que dar un servicio público; el sistema de selección debe responder a las necesidades de la sociedad, y para ofrecer un mejor servicio en esta sociedad, para trabajar mejor, el euskara debe ser una de las condiciones a exigir. Estaría bien que para que las personas hispanohablantes monolingües tengan posibilidad de trabajar en las administraciones se exigiera a las administraciones recursos y condiciones que permitan aprender euskara; mi organización secundará esa reivindicación. Con la ayuda necesaria, ¿una persona que cumpla todos los demás requisitos para trabajar en la administración no puede aprender euskara? En los próximos 15 años se jubilará la mitad del personal de las administraciones; este periodo será vital para garantizar el servicio en euskara; pero además, ofrece la oportunidad de diseñar una fase de transición,sin conflictos, sin perjudicar a las personas hispanohablantes monolingües que actualmente trabajan en las administraciones públicas. Por cierto, la tasa de eventualidad de más del 40% supone un grave problema para el euskara, y hay que hacerle frente con valentía.

La sentencia de Irún es muy grave; puede suponer un retroceso de décadas. El tribunal ha emitido una sentencia muy discutible desde el punto de vista legal, mezclando además argumentos jurídicos y políticos, con el mismo discurso alimentado por el PSE-EE (junto con VOX y PP): el euskara discrimina y las exigencias para entrar en las administraciones no responden a las demandas reales de la ciudadanía. ¿Cómo pretenden que haya otras demandas si no se crean las condiciones para ello?

Dicen que se ha ido demasiado lejos, pero la realidad es muy diferente. Cuando llevamos 40 años de autonomismo, ¿es demasiado pedir que se creen condiciones para que la ciudadanía de la CAPV conozca ambas lenguas? Porque este no es un artículo contra las personas hispanohablantes; tenemos que exigir, todas y todos, las personas nacidas aquí y las que han venido de fuera, que se creen las condiciones propicias para aprender euskara, para que no sean las personas individualmente quienes soporten toda la carga de aprender la lengua, tal como ha ocurrido hasta ahora.

Hace falta más debate en torno al euskara; no es el momento de callarse. Se margina a las personas vascohablantes en toda Euskal Herria; no podemos vivir en nuestra lengua con normalidad, y no podemos aceptar esto como si no pasara nada. Quienes defienden la hegemonía del español quieren condicionar el debate público para llevar a la sociedad a posiciones tibias, con el fin de que únicamente se acepten cambios mínimos y cosméticos, imponiendo así un concepto monolítico del estado, junto con la hegemonía del castellano. Sin embargo, no nos vamos a callar mientras nos estén atacando; no nos resignaremos a quedarnos en el rincón por miedo a ofender a nadie.