Respuesta sindical a una ofensiva política
Efectivamente Sra. Mendia, nuestra decisión es una decisión política. Es la respuesta sindical a las decisiones políticas que ha adoptado este gobierno en relación a Osalan.
El Gobierno Vasco ha renunciado a hacer una política real en materia de salud laboral. Muestra de ello es la reducción presupuestaria que va a sufrir Osalan en 2010: un 43% respecto al año anterior (excluyendo los gastos de personal). Es un recorte escandaloso, sobre un presupuesto ya irrisorio, que no llega ni al 0,02% del PIB. La Sra. Mendia ha subrayado también que “es falso que se haya reducido el presupuesto para el 2010, que sigue siendo de 20,6 millones”. Lo que no explica es que el gobierno, con el argumento de la necesidad de ajustes, no ha dado autorización para gastar una parte importante de esta cantidad (más de 4 millones). La parte que no va a ser gastada es la parte que va a ser recortada, y supone una reducción del 43% respecto al año anterior, ni más ni menos.
El Gobierno Vasco pretende que la CAPV sea una Comunidad Autónoma más del Estado, también en seguridad y salud laboral, y ha puesto a Osalan al servicio de esta estrategia. Ha adoptado decisiones que suponen un claro retroceso en el nivel de autogobierno, ha hecho dejación de sus competencias.
En este sentido, el gobierno ha solicitado fondos a la Fundación Laboral de prevención de Riesgos Laborales del Estado, fondos de carácter público que proceden de las cotizaciones sociales. El criterio que defiende ELA en esta materia, mantenido hasta ahora por el Consejo General de Osalan y por el propio Gobierno Vasco, es que dichos fondos deben ponerse directamente a disposición de la CAPV, sin necesidad de pasar por la “ventanilla” de la Fundación. La aceptación de este dinero de carácter público supone abrir la puerta a un modelo de reparto de fondos que va a permitir la financiación de la patronal y de los sindicatos de ámbito estatal.
La misma involución política implica el convenio de colaboración suscrito entre Osalan y la Fundación Laboral de la Construcción, a través del cual se uniformiza la formación de las y los trabajadores de la construcción de la CAPV al resto del estado, aceptando lo dictado por una fundación estatal de carácter privado.
Sin embargo, sabemos que el modelo español es un modelo fracasado, que prima la financiación de los agentes sociales sobre la salud laboral. El Gobierno Vasco pretende imponer ese modelo, dejando a Osalan sin contenido y poniéndolo al servicio del mal llamado “diálogo social”. Así, acuerdos sin contenido alcanzados con la minoría sindical en la citada mesa de concertación se llevan a Osalan para obtener financiación, como lo han hecho con la campaña “Lotu”.
No es casualidad que la minoría sindical de la CAPV (CCOO y UGT) esté de acuerdo en todas las decisiones políticas adoptadas. En efecto, van a resultar (junto con la patronal) los más beneficiados con el “nuevo Osalan”: un Osalan al servicio y para la financiación de las organizaciones que participan en este sistema, y asimilado políticamente al resto del estado.
Por tanto, la deriva de Osalan en los últimos meses responde a una estrategia política meditada y calculada por este gobierno. No nos han dejado otro remedio que responder sindicalmente a esta ofensiva. ELA defiende el debate y la participación real en los organismos en los que se den condiciones para ello, y que sirvan para avanzar, pero no vamos a legitimar esta farsa. Por todo ello, hemos decidido suspender nuestra participación en el Consejo General hasta que existan garantías de que nuestra participación va a tener valor.
En ELA seguiremos luchando para conseguir condiciones de trabajo dignas y saludables en los centros de trabajo. Exigimos asimismo un cambio radical en las políticas públicas en materia de seguridad y salud laboral.
Leire Txakartegi
Responsable de salud laboral