(Artículo publicado en la revista de Economistas Sin Fronteras Dossieres EsF n.º 52)

Estamos ante una crisis civilizatoria, que cuestiona nuestro modo de vida, del que es parte el empleo, por lo que no creemos que nadie pueda afirmar con una certeza absoluta qué es lo que va a pasar en el futuro con el mismo. El (necesario) cambio de modelo va a ser de tal magnitud que no lo podemos analizar con los parámetros y esquemas tradicionales.

Sin embargo, dicho esto, estamos en la obligación no solo de imaginar cómo va a ser el futuro, sino de impulsar los cambios para que ese futuro vaya en la dirección que queremos. Desde el sindicalismo tenemos que afrontar este reto, lo que supone que la transición ecosocial tiene que ser una línea transversal, una manera de enfocar toda la acción sindical, para que ésta sea coherente con la envergadura del reto que afrontamos.

No trabajar con este horizonte sería renunciar a incidir en nuestro propio futuro, sería aceptar que la dirección del cambio quede en manos de los actuales poderes económicos, que, como hemos visto recientemente con la oposición de distintos responsables de Repsol al impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas y financieras, no dudan en utilizar todos los medios a su alcance (incluido el chantaje) para mantener el máximo tiempo posible los privilegios y la rentabilidad económica de su actividad, a sabiendas de su insostenibilidad.

El marco de la transformación ecosocial y el empleo

Nuestro análisis parte de una premisa, poco discutible: la lógica capitalista de acumulación infinita de la riqueza y de utilización creciente de materiales es incompatible con los límites biofísicos del planeta. Por ello es necesario transformar el proceso productivo y el sistema económico en su conjunto. El tiempo apremia para avanzar hacia un modelo al servicio de las mayorías sociales y de la clase trabajadora, que solo va a ser posible alcanzar mediante una transición justa, que decrezca en la utilización de recursos.

En nuestra opinión, un tema central a tener en cuenta para esta transición tiene que ser darle centralidad al objetivo de que se dé una creación neta de empleo, y que sea de calidad.

En todo caso, y al hilo de lo dicho anteriormente sobre el cambio social que se tiene que producir, hay que crear un imaginario colectivo que cambie nuestras expectativas en torno a la producción, el consumo, el trabajo y el empleo. Qué va a ser el empleo en el futuro debe ser repensado y decidido democráticamente dentro del debate sobre el proyecto social deseable que queremos para el futuro, cuáles son las necesidades colectivas de consumo y cómo y dónde invertir nuestra fuerza de trabajo. Pero siempre teniendo en cuenta el objetivo de tener empleo suficiente y de calidad.

Nos parece que este reto es de gran envergadura, y requiere una planificación que se debe realizar de manera participativa y en alianza entre las organizaciones sindicales y sociales (aquí estarían incluidas lógicamente las ecologistas). Es la manera más segura de acertar, de adelantarnos a las tensiones y conflictos que van a provocar los cambios sociales y económicos, y de conseguir que haya una implicación activa en la lucha por parte de la clase trabajadora.

Características de la economía de Hego Euskal Herria

La propuesta de ELA para la transición ecosocial realiza un diagnóstico sobre la economía de nuestro territorio, que se caracteriza por:

• Ser muy dependiente de la producción industrial y el transporte, lo que genera graves impactos ecológicos.

• Importar combustibles fósiles y materias primas, transformarlos y exportar la producción fuera de sus fronteras. Es, por tanto, una economía basada en la energía fósil y el extractivismo, incorporada de lleno en la economía globalizada.

• El transporte dependiente del petróleo es decisivo para el mantenimiento de esta actividad económica.

• Actividades principales de la economía de Euskal Herria y que generan mucho empleo están relacionadas con este funcionamiento. Ejemplos de ello son las que producen mercancías de alto valor añadido (automóviles, acero,…), actividades de alta intensidad energética, industria alimentaria (sobre todo en Navarra), actividades dependientes de la logística globalizada, etc.

Por tanto, se puede concluir que, a día de hoy, existe una estrecha relación entre la generación de empleo, el crecimiento económico y el impacto ecológico. El sector industrial es uno de los más representativos de ello.

En el actual modelo productivo, una reducción del consumo de la energía y de materiales, para hacerla compatible con los límites biofísicos del planeta, supondría que en los territorios más industrializados deberíamos asumir una reducción muy fuerte de ambos consumos (no sería razonable pretender que la reducción sea proporcional en todo el mundo). Y ello, hoy, supondría la destrucción de muchos puestos de trabajo, siempre y cuando no se adopten otras medidas. Y esto querría decir que para la mayor parte de la clase trabajadora sería imposible sostener sus vidas. Por tanto, cualquier propuesta que pretenda dar una salida socialmente justa a esta problemática tiene que contar con esto, y poner el empleo en el centro.

Repercusión diferente por sectores

Para afrontar estos retos va a ser necesario combinar líneas de trabajo diferentes. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el impacto va a ser desigual por sectores. La definición de los sectores a decrecer o a reforzar pasa, en primer lugar, por los criterios que se establecen para poder realizar esa diferenciación. Así, por ejemplo, nos encontramos con determinadas actividades que no son éticamente aceptables, como por ejemplo la industria armamentística (¿es razonable lucrarse mediante la fabricación de armas o equipos que se utilizan, por ejemplo, para bombardear Gaza?) o la especulación (alimentaria, financiera, inmobiliaria, etc.). Estas actividades deben, sin duda, desaparecer o reducirse a su mínima expresión, y no tienen que tener ningún apoyo institucional (ni legal ni económico).

Hay otras actividades que también deben dejar de realizarse, como la producción de energía fósil (petróleo, gas,...) o nuclear. El IPCC nos recuerda en todos sus informes que si queremos evitar las consecuencias más graves del calentamiento global tenemos que dejar de lado las energías fósiles. Es una cuestión de supervivencia de la vida en el planeta. No podemos, en este tema, mirar para otro lado.

Y hay otras actividades que, de manera ordenada o no, van a tener que reducirse, y transformarse de manera radical. Entre ellas están las relacionadas con la automoción, la siderurgia, las que transforman materiales no renovables, o la construcción de grandes infraestructuras (muchas de ellas de muy negativo impacto económico, social y medioambiental, como el TAV).

El decrecimiento de la actividad y del empleo no puede hacerse dejando de lado a las y los trabajadores de estos sectores. Hay que dar una salida justa a quienes se van a ver afectados por esta transformación de sus actividades (transformación de la actividad de las empresas, recolocación en otras actividades, garantía de ingresos dignos, etc.).

El potencial de creación de empleo de algunos sectores está fuera de toda duda. Hace ya casi una década que elaboramos un informe en el que señalamos que en Hego Euskal Herria se podían crear 106.000 nuevos puestos de trabajo (aproximadamente equivale al 10% del empleo total) en actividades económicas realmente sostenibles y socialmente necesarias. Entre ellas destacaban, por su potencial de empleo, las siguientes:

• Energías renovables- ELA es firme defensora de la energía renovable. No es objeto de esta aportación entrar al debate de fondo sobre la energía, pero decimos sí a la energía renovable, a la eólica y a la fotovoltaica, pero con un modelo planificado, descentralizado, público y democrático (extensión de las comunidades energéticas,...), en el que se produzca en el territorio la energía que se consume, diversificado, fundamentalmente con generación de pequeña y mediana escala. En relación al tema que nos ocupa, esta tipo de actividades y su mantenimiento tienen un alto potencial de empleo.

• Rehabilitación de edificios- Planes de impulso de la rehabilitación integral de edificios asociados a la instalación de sistemas energéticos eficientes, al aislamiento y a la reconstrucción de cubiertas y fachadas, o a la arquitectura bioclimática.

• Agroecología, pesca y gestión forestal sostenible- El impulso de la soberanía alimentaria en un territorio muy deficitario en términos de producción de alimentos debe ser una prioridad. Para ello se pueden tomar medidas como el aumento de la superficie dedicada a la producción ecológica en la agricultura, la reconversión ecológica de los sectores no sostenibles relacionados con la alimentación o el desarrollo de la pesca sostenible. Un modelo forestal sostenible es fundamental para proteger la biodiversidad y también como sumidero de CO2.

• Planes de movilidad sostenible y desarrollo del transporte público- La disminución del uso del vehículo privado se debe favorecer a través de medidas como la implantación de planes de movilidad en empresas y polígonos industriales, y un fuerte desarrollo de las redes de transporte público en el conjunto del territorio, con una rebaja sustancial y permanente de sus tarifas. También hay que potenciar el coche compartido.

• Actividades para reducir el consumo de materiales y residuos, impulsar la reutilización de los bienes y gestionar los residuos de manera adecuada- Acabar con la obsolescencia programada en la industria, avanzar en el ecodiseño, desarrollo de la reutilización y reparación de todo tipo de bienes o gestionar los residuos a través de la recogida selectiva y eliminación de la incineración.

La pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto qué actividades son esenciales. El sostenimiento de la vida pasa por los cuidados. Poner la vida colectiva en el centro requiere un cambio radical del modelo de cuidados. En el reciente informe elaborado por el Gabinete de Estudios de ELA ¹, constatamos la necesidad de un sistema de cuidados corresponsable, público, universal, gratuito y de calidad. Este sistema conllevaría la creación de más de 10.000 puestos de trabajo, en una estimación muy conservadora. La Huelga Feminista General convocada el 30 de noviembre en Euskal Herria es un paso importante en favor del derecho colectivo al cuidado.

Pero el sistema de cuidados no sería el único ámbito en el que habría que desarrollar los servicios públicos. Las políticas austericidas llevadas a cabo desde hace varias décadas por los distintos gobiernos han abundado en un deterioro de los servicios públicos. Hoy el más evidente es el del sistema sanitario, pero también hay mucho que hacer en el sistema educativo o en otros ámbitos de los servicios sociales.

Los servicios públicos, en su conjunto, son sectores socialmente necesarios y deseables, y que tienen un impacto reducido desde el punto de vista ambiental. Son, básicamente, actividades llevadas a cabo por personas, por lo que la inversión económica que se haga en su desarrollo tiene un resultado directo y muy positivo en el empleo.

La desmercantilización y el desarrollo de alternativas

Quitar poder al mercado, salirse de la lógica de la mercantilización, es parte de esta lucha colectiva en el camino de la transición ecosocial que tiene como horizonte también un empleo de calidad. Y esto no significa solo la potenciación de lo público.

También es importante avanzar en la creación de lo que podemos llamar Alternativas, entendiendo como tal el desarrollo de proyectos concretos, basados en lógicas diferentes, como los que se están llevando a la práctica en campos tan diversos como las energías renovables, las finanzas éticas, operadores de telecomunicaciones, grupos de consumo, etc.

En este sentido, desde la acción sindical un campo que tiene que tener un desarrollo es el de la recuperación de empresas, con una reorientación de la actividad de las mismas para que sea en el marco de los parámetros que establecemos para la transición ecosocial.

Políticas públicas al servicio de la transición ecosocial

En nuestra opinión, dar los pasos necesarios y a la velocidad necesaria requiere un impulso de las políticas públicas del que ahora carecemos. Las distintas instituciones tienen que planificar el cambio de modelo, tienen que legislar y tienen que poner mucho dinero para ello.

En relación a las políticas de empleo, las líneas a adoptar pasarían, entre otras, por:

• Reducción de la jornada- Aplicación inmediata de la reducción de la jornada a 35 horas como primer paso para las 32 horas semanales. Obviamente, sin reducción de salario.

• Reorganización de la economía- Poner en el centro los cuidados, el reparto de los trabajos de cuidados feminizados y la sostenibilidad de la vida, como hemos indicado anteriormente.

• Relocalización de la economía- La economía debe ser local y circular, lo que requiere transformar y diversificar el modelo productivo industrial, que debe basarse en una lógica totalmente distinta a la de la globalización neoliberal y la extensión de los Tratados de Libre Comercio.

• Reordenación del sector energético- Frenar la producción de energías fósiles, y publificar el sector energético, planificar las energías renovables con los criterios que también antes hemos mencionado.

• Transformar el sistema de transporte- La electrificación no será suficiente para dar solución al problema de la movilidad. También hay que reducir la movilidad (de mercancías y personas), desarrollando, a su vez, el transporte público y colectivo.

• Desarrollo de la soberanía alimentaria.

Las políticas aplicadas carecen de ambición, no solo de cara a un cambio de modelo productivo o de consumo, sino también de ambición climática a la hora de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Las administraciones deben intervenir y hacer propuestas concretas en las transformaciones que están sufriendo sectores completos como el comercio, para evitar la implantación de un modelo comercial contrario a los intereses de nuestro país y sus trabajadores y trabajadoras. En este sentido, hemos exigido al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra la creación de unos Fondos, dotados con más de 2.300 millones de euros, para asumir el control de empresas estratégicas o crear empresas nuevas que respondan a las necesidades de la sociedad. Ese fondo permitiría dar prioridad a la producción y los servicios indispensables para la sociedad (aquellos que son imprescindibles para la producción y reproducción de la vida), desarrollar un modelo productivo compatible con los límites del planeta y garantizar empleo y condiciones laborales dignas para hombres y mujeres.

También tiene que haber una mejora de los sistemas de protección social (una pensión mínima de 1.260 euros; una renta garantizada equivalente al SMI,…). Habrá pérdida de empleo en sectores no sostenibles, y habrá que garantizar las necesidades de estas personas, y otras ayudas como la reconversión del trabajo hacia sectores sostenibles y socialmente deseables, los planes de formación y el aprendizaje permanente. Un sistema de protección social adecuado también tiene efectos positivos en el empleo, sobre todo en el impulso de lo local.

El aumento del gasto público se tiene que financiar a través de una reforma fiscal justa. Atajar el fraude fiscal que se da en las rentas no salariales es una parte. Y también es urgente una reforma fiscal que aumente de manera notable los impuestos que pagan las rentas altas, las de capital y las empresas por sus beneficios (estableciendo un pago mínimo en el impuesto de sociedades del 25% de sus beneficios contables, sin posibilidad alguna de excepción).

Tenemos que avanzar hacia una sociedad más justa, democrática y sostenible. La clase trabajadora tiene que ser parte de esta transformación. No queremos elegir entre perder el empleo o la destrucción capitalista. A través de la acción colectiva (movilización social y la negociación colectiva en los centros de trabajo) debemos impulsar transiciones que aúnen el empleo y los derechos laborales con actividades compatibles con la vida.