Vivienda: el PNV recurre contra la gente

El Gobierno Vasco es responsable de esta situación; a él le compete la política de vivienda, como quiere recordarnos ahora. De modo que si la situación es grave, se debe a que sus políticas han dejado de lado las necesidades de la gente y han primado los intereses de los constructores, las inmobiliarias o de quienes se lucran a través de la especulación.

ELA realizó una valoración crítica de la nueva Ley de Vivienda estatal. A pesar de su nombre, no garantiza en absoluto el derecho a la vivienda, y sus medidas son insuficientes.

ELA también defiende que las decisiones sobre Vivienda, igual que aquellas que determinan nuestras condiciones de vida y de trabajo, se adopten en Euskal Herria. Por ejemplo, la declaración por un proceso soberanista que hicimos pública en 2017 con el sindicato LAB recogía la reclamación de “las competencias plenas” para impulsar un “modelo social alternativo, que permita la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y la suma de una parte de la sociedad que vea que es mejor que las decisiones se tomen aquí porque ello le beneficia”.

Recurrir la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional va justo en la dirección contraria de lo que habitualmente hemos planteado, que es, básicamente, decidir aquí para tener más derechos y vivir mejor. Así, además, podríamos generar una mayoría social a favor de que decidamos aquí. Va en contra de ello, por ejemplo, el recurso del Gobierno Vasco contra la posibilidad (que no obligación) de topar los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Ese recurso es una aberración política, y más cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la figura de las Zonas Tensionadas en Catalunya porque entonces no había un marco estatal que lo permitía. Ahora, al menos, ese marco existe.

En opinión de ELA, el recurso del PNV a través del Gobierno Vasco no trata de defender las competencias, lo que trata es de embarrar el terreno. Por un lado, para seguir sin tomar medidas para que las instituciones vascas se vean obligadas a garantizar el derecho a la vivienda. Por otro, para seguir sin aplicar medidas tan necesarias como declarar a toda la CAPV zona tensionada y así topar en ciertos casos el precio de los alquileres. Nos guste o no, sin esa disposición estatal no es posible tomar esa medida aquí. Parece mentira que quienes hacen del realismo un enorme valor de su acción política actúen de esta manera.

Lo que pasa con la vivienda no es un tema aislado. No es el único caso en el que el PNV o sus dirigentes institucionales se han mostrado molestos con las medidas que desde Madrid han supuesto avances sociales. También dijeron que se invadían las competencias a la hora de reducir el precio del transporte público. Tampoco era verdad, ya que lo único que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido financiar el 30% del precio del transporte si las administraciones competentes (CCAA, diputaciones, ayuntamientos...) asumían otro 20%.

Para ELA, la posición del PNV se explica más fácil: está en contra de las mejoras sociales cuando suponen un incremento del presupuesto público o perjudican a los grandes intereses económicos.
Todo ello va en contra de la gente. No es lo mismo que la vivienda sea un problema enorme o que no lo sea. Por otra, porque, como organización abertzale, ELA ve con preocupación que las instituciones vascas en vez de ejercer sus competencias y garantizar el derecho a la vivienda o, por ejemplo, avanzar en el impulso del transporte público gratuito, no solo no lo hagan, sino que se utilice el argumento de las competencias para no reconocer derechos sociales.

Llama la atención que esta decisión de recurrir al Tribunal Constitucional la haya tomado el PNV apenas tres días después de sufrir un varapalo en las elecciones generales. Quizá deberían replantearse si este tipo de decisiones no tienen que ver con esa bajada electoral. Competencias sí, pero ¿para qué o para beneficiar a quién?. Esa es la cuestión.