Un Gobierno cómodo para la patronal

2005/10/24

El presidente Zapatero ha dicho que "no habrá reforma laboral sin acuerdo entre UGT, CC.OO y CEOE". UGT y CC.OO se han alegrado de que vaya a ser así. ELA cree que es muy grave, que un gobierno que se llama progresista renuncie a realizar reformas en el mercado de trabajo; o dicho de otro modo, conceda veto a la patronal para que esas reformas imprescindibles no se realicen. La patronal sabe que puede seguir haciendo lo que hace y eso significa que sigue ganando posiciones.

El Gobierno, la patronal y esos sindicatos conocen qué es lo que sucede: leyes laborales que ni tan siquiera se cumplen; un fraude tremendo en la contratación temporal, sin que la Administración haga nada por evitarlo y un miedo inducido a los trabajadores-as que les impide demandar individualmente sus derechos... En definitiva, una posición de dominio absoluto en la relación laboral, donde el Derecho hace tiempo que perdió su carácter protector del débil. La desregulación feroz y las leyes al servicio de la patronal han dejado al trabajado-a desprotegido a merced del empresario, viéndose obligado a aceptar condiciones de trabajo, que en otra situación, serían inaceptables. La precariedad empobrece y debilita a quién la sufre. Son muchos los ejemplos en los que a esas personas se les obliga a meter horas que no cobran, a aceptar contratos en fraude, a "renunciar" a derechos que les corresponden, etc... El Gobierno puede debería, habría que decir- mediante ley, equilibrar esta situación pero no tiene voluntad. Al contrario, le dice a la patronal que esté tranquila, que no piensa enfrentarse a ella. La pregunta que nos hacemos es ¿existe algún ámbito donde defraudar permanente la ley salga gratis al defraudador?. Sí, existe; en la vulneración de los derechos laborales.

Mientras tanto, ninguna estadística oficial niega un hecho incontestable (aunque la patronal no quiera hablar de ello): las reformas realizadas se han hecho para incrementar los beneficios empresariales y lo han logrado. Los salarios han perdido posiciones en el reparto de la riqueza y los beneficios siguen creciendo.

Es obligado, para un sindicato que no se quiera resignar, profundizar más en el análisis. Dicen, por ejemplo, esas estadísticas oficiales que existe un 31% de temporalidad. ELA cree que la realidad es más grave que lo que esa tasa refleja. En 1997 se aprobó una reforma con apoyo de CC.OO y UGT que estableció, además de facilidades para el despido objetivo, el denominado "Contrato para el fomento de la contratación indefinida". La particularidad de ese contrato es que su indemnización en caso de despido improcedente es sensiblemente inferior, se pasaba de 45 a 33 días. Ese contrato es subvencionado al empresario que lo realiza por las diferentes Administraciones, incluyendo una bonificación en la cuota de la S.S. durante los dos primeros años. ¿Qué sucede en realidad? Que el citado contrato se está utilizando en muchas ocasiones como si de un contrato temporal se tratara. Pasados los dos años a los que se une la bonificación de cuotas a la Seguridad Social no hay ningún tipo de control y el número de despidos, aplicando los 33 días, es tremendo. Al empresario le sale más rentable realizar esos "contratos indefinidos" cobrando las subvenciones y despidiendo a 33 días, que contratar a un temporal. A eso se ha llegado con la perversión del sistema y de las palabras. A eso se le llama "contrato indefinido". Y, claro, esos contratos no computan en las estadísticas de temporalidad; a esos efectos son "estables". La inestabilidad real es mucho más alta que el 31%.

La patronal, al día siguiente de aquella reforma que abarató y facilitó el despido, seguía diciendo que era caro. Su objetivo permanente es "que se reduzcan los costes del despido". Pretende que más allá de cómo se le llame a un contrato, al ser en la legislación española el despido libre, no existan grandes diferencias entre los llamados fijos, indefinidos o eventuales, porque para todos rescindir el contrato sea casi igual de barato.

El Banco de España ha publicado un informe en el que indica que los costes de despido se han reducido de manera sensible en los últimos años. A la reducción de las indemnizaciones antes citadas hay que añadir que, por aplicación de la Reforma del 2002, también aceptada por CC.OO y UGT, las empresas utilizan con intensidad la posibilidad de declarar el despido improcedente en las 48 horas siguientes a su notificación, para de esa manera evitar el pago de los salarios de tramitación. "Dos tercios de los despidos son declarados improcedentes sin ir a un acto de conciliación", dice el Banco; lo que supone un ahorro medio de un mes de salario por trabajador-a. Otro regalo a la patronal.

Pero la patronal es una inconformista. Todo le parece poco y no le gusta que se "conserven" los derechos de los trabajadores-as. Insisten en que el despido sigue siendo caro. Un alto dirigente de la UGT decía hace poco que "al 75% de los despidos improcedentes se les aplica la indemnización de 33 días en vez de 45". ¿Cuánto supone ese nuevo regalo bendecido por el "diálogo social"?. Una barbaridad. Pues bien, siete años han transcurrido desde esa reforma; la temporalidad no se ha reducido de manera significativa y sin embargo, 3 de cada 4 despidos son a 33 días. Hace siete años todos eran a 45. Casi nada.

Lo que resulta penoso es que yendo las cosas así, algunos sindicatos insistan en que van bien: que el "diálogo social" funciona y que debe ser clonado en Euskal Herria. Esa actitud tiene mucho que ver con el "otro diálogo social"; el que se produce entre esos sindicatos y el Gobierno y fruto del cual se les otorgan locales del patrimonio sindical a quienes tan bien se portan, rompiendo cualquier regla de justicia equitativa con otros sindicatos. Ese "otro diálogo social" del que esperan pueda salir el dinero para saldar el "agujero de las viviendas de la PSV de la UGT", que todavía colea. El "diálogo social" que de verdad funciona en el Estado español tiene que ver con eso: la consolidación de un sindicalismo obediente y subvencionado. Un modelo, el español, en el que es posible que los sindicatos vivan bien, viviendo mal los trabajadores-as.

La penúltima coincidencia entre la CEOE, CC.OO y UGT, en una coyuntura política en la que se discute en el Estado sobre el Estatut Catalán y sobre si ha lugar a marcos propios de relaciones laborales, ha sido que "la cohesión social sólo se garantiza con la preferencia de las normas estatales, la defensa del mercado único y la negativa a que se conformen ámbitos de relaciones laborales diferentes al español". Lo de la cohesión social suena a chiste y, claro está, en su caso decir esas cosas no es hacer política.

Adolfo Muñoz Sanz. Responsable de Negociación Colectiva de ELA