La escuela pública no se merece este Departamento de Educación

Si bien somos los sindicatos quienes convocamos las jornadas de huelga y movilizaciones es el propio Departamento de Educación, con su actitud impositiva, su empecinamiento absurdo y su nulo conocimiento de la realidad de los centros educativos públicos, el único que verdaderamente las provoca.

En los últimos meses muy especialmente, pero durante toda la legislatura como tónica general -desde el 2003 sin acuerdo laboral-, los actuales responsables del mismo vienen realizando una gestión caracterizada por la total desafección de la red pública de centros escolares de la que son titulares. Así, en lugar de realizar los esfuerzos que requiere dotar a éstos de todos los medios necesarios para mejorar la calidad educativa y para poder hacer frente dignamente a los crecientes requerimientos que nuestra sociedad demanda de ellos, se empeña en aplicar en este ámbito las recetas neoliberales. Luego pretende justificarlas ante la opinión pública con grandes dosis de demagogia, mostrando cifras descontextualizadas que sólo existen en su escuela virtual, pero no en la escuela real.

El Departamento de Educación, una administración pública gestionada por políticos electos, no se olvide, se ha convertido así en otra dura patronal, actuando con parámetros exclusivamente económicos y recurriendo a la precarización de sus trabajadores y al recorte en términos de porcentaje respecto al PIB.

Sus propios responsables reconocen públicamente, por un lado, que las tareas atribuidas al profesorado han experimentado una evidente complicación y aumento y se declaran conscientes de las nuevas necesidades educativas que se han ido creando durante los últimos años. Sin embargo, por otro, se niegan sistemáticamente a asumir sus repercusiones, que no pueden ser otras que la mayor dotación de medios humanos y materiales, el reconocimiento horario de todas las tareas a desempeñar, la estabilidad del personal en su puesto de trabajo, la adecuada compensación económica y el aumento de la proporción profesorado/alumnado.

Con la demagogia a la que nos tienen acostumbrados, justifican su postura intransigente haciendo un llamamiento a la responsabilidad compartida de los claustros, como si no estuviera ya sobradamente demostrada con grandes dosis de implicación, voluntarismo y dedicación invisible del profesorado, pero todo ello es un trabajo que no es reconocido. O a los límites que las leyes presupuestarias imponen, como si no fueran ellos mismos quienes año tras año congelan o reducen los porcentajes destinados a la educación pública con respecto al PIB, manteniendo estos últimos años un gasto público en torno al 3,5% para educación, muy lejos de la media que destinan otros países europeos - 6% del PIB-, que se nos presentan como modelos educativos (Finlandia, ...).

Y del mismo modo rechazan obstinadamente las históricas reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores del sector. Así, ante la demanda de mayor estabilidad responden con la imposición unilateral de unas oposiciones convocadas de forma apresurada para el mes de junio y sin las mínimas garantías, generando aún mayor incertidumbre laboral para varios miles de personas interinas y sustitutas en pleno fin de curso, y también con la desaparición de 1.500 interinos estables, de los que irónicamente afirma continuarán ligados al sistema educativo y dispondrán en adelante de las mismas oportunidades que el resto del personal interino. Todo ello a pesar de reconocer abiertamente la importancia que el compromiso de estabilidad ha tenido en el pasado y las virtudes que de él se desprenden tanto para el personal como para los centros docentes.

Con respecto a las reducciones de jornada lectiva, que no de horario laboral, para el profesorado con más de 55 años, argumentan su rechazo en que en los últimos años se viene observando una dificultad creciente para cubrir sustituciones. Desde luego, y estas serán cada vez mayores en la medida que el propio departamento deteriora también las condiciones laborales del personal sustituto. Aluden igualmente al constatable aumento de las jubilaciones, que no viene sino a probar la elevada edad media del profesorado próxima a los 50 años- y, por tanto, la urgencia de medidas como esta y de un plan de empleo que aborde la necesaria renovación de las plantillas.

También en relación al incremento retributivo se quedan en meros juegos de palabras. Tras reconocer el valor que debe atribuirse al trabajo y a la dedicación del personal educativo, cuantifican éste en una escasa oferta económica que afecta sólo a una parte del profesorado y que, además, lo condicionan a la firma de un acuerdo. Es decir, un claro chantaje.

En cuanto a la nuevas necesidades del sistema educativo como consecuencia de los cambios que se registran en nuestra sociedad, tales como, convivencia, inmigración, normalización lingüística, nuevas tecnologías, ... racanean en unos casos y se niegan en otros a la implantación o consolidación, tanto de profesorado como de créditos horarios, para dichas tareas.

Igualmente, podemos hablar de la situación de las aulas de 2 y 3 años, de las necesidades en las diversas etapas educativas, de la situación de las sustituciones, etc... en todos los casos nos encontramos con la cerrazón del Departamento de Educación.

En definitiva, por tanto, se presenta un negro panorama para el sistema educativo público y sus centros escolares, porque la práctica totalidad de las demandas sindicales no responden sólo a la mejora de la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores del sector, sino, también a la urgente mejora de las condiciones en que los propios centros educativos públicos prestan su servicio a la sociedad. Esto es precisamente lo que nuestros responsables educativos no están dispuestos a aceptar, porque atenta directamente contra su bien diseñada y nunca confesa política educativa neoliberal de continuo recorte presupuestario, de privatización del servicio educativo, de precarización del personal del sector, de reducción de recursos, de minorización de la red pública de centros y, en general, de un modelo social más injusto.

Y son precisamente la materialización de esa política en el ámbito educativo y la actitud autoritaria de sus responsables los verdaderos motivos de esta nueva huelga, que se convoca como única respuesta posible ante el hartazgo ya insoportable de todo un sector laboral y social.

Firman este artículo Maribel Maguregi (ELA), Belén Arrondo (STEE-EILAS), Jon Urrusolo (LAB), Maribel Maguregi (ELA) y Luis Santiso (UGT).