Osakidetza: Modelo sanitario público en conflicto
Las políticas sanitarias y el modelo sanitario actual son consecuencia y reflejo de una apuesta política determinada, que tiende a debilitar el ámbito y el contenido de lo público reforzando lo privado.
El Gasto Público no ha aumentado en los últimos 10 años en porcentaje de PIB. Desde 1998, el esfuerzo en sanidad se mantiene constante en torno al 4,2 o 4-3% del PIB en la CAPV, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que destina de media un 7,5% del PIB a sanidad. Esto se traduce en una diferencia en negativo de inversión en la CAPV de 1.800 millones de euros anuales en comparación con la Unión Europea.
Un gasto público insuficiente para atender todas las necesidades existentes, y el hecho de que el esfuerzo económico que desde la Administración vasca se destina a sanidad sea tan pequeño explica el deterioro al que se está sometiendo a la sanidad pública vasca.
Destinando pocos recursos a la sanidad pública se obliga a que la gente tenga que asumir cada vez más gastos sanitarios, como consecuencia de la insuficiencia de la cobertura pública y de las listas de espera.
Y todo esto en una situación en la que la demanda de la actividad asistencial en la sanidad pública se ha incrementado de manera notable, lo vemos en el incremento de número de consultas, atención de urgencias y el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en los últimos 10 años.
El estancamiento en el gasto, el incremento de necesidades y de la demanda asistencial, llevan a un desgaste paulatino del sistema, sobretodo cuando como consecuencia de lo anterior no hay un incremento proporcional de los recursos tanto de centros, como de número de camas o de personal: hemos pasado de tener 51 centros en 1994 a 45 en 2005 y se han reducido unas 700 camas en el ámbito público, porque el servicio tiende a derivarse a las clínicas privadas.
En lo que se refiere al personal, en los últimos 10 años el incremento de la plantilla no ha llegado a las 1000 personas. La media de edad de la plantilla ronda los 48-50 años, y por tanto, hay un incremento en los ritmos y en las cargas de trabajo importante, lo que se traduce en una reducción de la calidad asistencial que la ciudadanía recibe.
Es evidente que las condiciones de trabajo de la plantilla han perdido muchos enteros, y vivimos una precarización tanto de la plantilla y de sus condiciones laborales, como una precarización de la propia calidad asistencial. La reivindicación de una mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla de Osakidetza, de todas las categorías y de las personas fijas y no fijas, va necesariamente unida a la reivindicación de una sanidad pública y de calidad.
El proceso de negociación que se ha desarrollado en 2007 se ha caracterizado por la ruptura de las reglas de juego básicas por parte de Osakidetza y por la falta de voluntad para entrar a negociar los aspectos básicos que pueden dar paz al sector en su globalidad afectando de manera positiva a la calidad asistencial atajando así la situación de precariedad generalizada que vivimos en la sanidad pública.
Evidentemente, es una cuestión dinero, toda inversión estructural lo es. Y dinero hay, empecemos invirtiendo en lo público los 1.150 millones de euros de superavit que sólo éste año se han guardado nuestros gobernantes, dinero que pagamos con nuestros impuestos y que deben destinarse a cubrir las necesidades de la ciudadanía.
Lo cierto es que todo indica que su objetivo está en el ámbito de la privada. La foto de Ibarretxe y de Inclán en la puesta de la primera piedra de la Clínica Quirón, demuestra que efectivamente “existe una alianza estratégica con la sanidad privada”. Es evidente, lo hemos visto con el incremento de derivaciones a las diferentes clínicas privadas de operaciones quirúrgicas, hospitalizaciones y realización de pruebas complementarias. No es casual que Quirón haga una inversión de riesgo en Bizkaia, porque sabe a ciencia cierta que el Gobierno Vasco le ha garantizado la concertación de pacientes que le va a derivar desde lo público, y que justifican y garantizan semejante inversión y también un incremento del volumen de su negocio.
La descapitalización de lo público, la infrautilización de los recursos humanos y materiales en la sanidad pública, para luego autoconcertar, derivar y concertar con la privada, sin una gestión y un control eficaz de los horarios y la actividad real que se deberían desarrollar en la pública como de la correcta utilización del dinero público, indican que la apuesta real de quienes nos gobiernan se apoya y se dirige a la privada.
El decretazo de diciembre con el 10% de la representación sindical, es un acuerdo antidemocrático impuesto a todos los trabajadores y trabajadoras y donde sólo se recogen mejoras para una parte del personal facultativo que tiene sus intereses en la privada, dejando en la estacada a más de 20.000 trabjadores y trabajadoras. El decreto introduce elementos de agravio comparativo y de discriminación como son la extensión del complemento de exclusividad a todo el personal facultativo (reconvertido a hora en un complemento de productividad) y la autoconcertación en la atención primaria, alimentando nuevamente los intereses de quienes tienen su objetivo en la sanidad privada.
Por eso el conflicto ha seguido adelante, a pesar de las manipulaciones y las mentiras de la administración. La continuación de las movilizaciones después del decreto, han sido la traducción del malestar que existe en la generalidad de una plantilla que se siente discriminada, agraviada y abandonada por un decreto impuesto que no recoge ninguna de sus reivindicaciones fundamentales. Han sido estas movilizaciones las que han obligado a la administración a reabrir nuevamente la mesa sectorial y la negociación colectiva.
Si la administración quiere realmente cerrar este conficto sin parcheos, debe analizar las claves del mismo: el incremento de la inversión en la sanidad pública, los elementos de discriminación y de agravio introducidos por el decreto de diciembre de 2007, la extensión del complemento de exclusividad y la autoconcertación en la atención primaria, la reordenación de las tablas salariales como sistema para equilibrar las desigualdades introducidas, el incremento de plantilla estructural y el estudio de las cargas y ritmos de trabajo, la plena utilización de los recursos materiales y humanos existentes en la sanidad pública como criterio de control para delimitar actividades que fomentan la privatización del sistema público como son la concertación directa, la autoconcertación y la derivación de actividades a la sanidad privada.