Los tribunales obligan a la administración a indemnizar con 20 días la finalización de contrato de un funcionario temporal

11/07/2017
ELA exige al Gobierno de Navarra, al Gobierno Vasco, a los ayuntamientos y a las diputaciones que indemnicen con 20 días al personal funcionario temporal por cada fin de contrato, y que solucionen definitivamente la enorme temporalidad de la administración vasca.

Ayer se publicó la primera sentencia que obliga a la administración pública a pagar la misma indemnización -20 días por año trabajado- al personal funcionario temporal que al personal laboral temporal. Siguiendo las resoluciones y criterios establecidos este último año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Contencioso-Administrativo n.º2 de A Coruña ha dado la razón a un profesor funcionario temporal, que había presentado recurso contra la decisión de la administración pública de no pagarle indemnización alguna a la finalización de su contrato.

ELA ha presentado ya en diversos sectores de la administración pública más de 1.500 reclamaciones solicitando la indemnización de 20 días por año trabajado a la finalización de contratos temporales y exigiendo la estabilización de los contratos temporales fraudulentos que la administración prolonga durante años o realiza de manera sucesiva a lo largo de muchos años para la cobertura de puestos estructurales.

Ante esta sentencia, ELA emplaza a todas las administraciones vascas -Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, ayuntamientos y diputaciones forales- a indemnizar con 20 días la finalización de cada contrato realizado, ya sea al personal laboral temporal como al personal funcionario temporal.

ELA reclama a los gobiernos que de manera urgente pongan fin a la temporalidad, que en todos los casos supera el 30%. Y es que las administraciones recurren a la contratación temporal de manera sistemática y fraudulenta para cubrir durante mucho tiempo puestos estructurales; en algunos casos, además, concatenando durante años contratos temporales, en perjuicio de las condiciones laborales y del servicio público.

En la medida en que los gobiernos no adopten las medidas que pongan fin a esta situación llamamos a las trabajadoras y trabajadores que sufran estas consecuencias a presentar las reclamaciones y recursos correspondientes, y a participar en las movilizaciones que hemos emprendido ya en diversos sectores.