El Juzgado de lo Social considera injustificado el reajuste de la plantilla en La Residencia Conde Aresti de Bilbao por los fallecimientos por Covid

22/09/2021
El juzgado de lo Social nº4 de Bilbao ha fallado en contra de la dirección de la Residencia Conde Aresti que pretendía recortar derechos laborales argumentado un descenso de residentes. La jueza, sin embargo, considera no acreditadas las causas económicas ni organizativas que alegaba la dirección para reajustar la plantilla, ya que el descenso de residentes en los años 2020 y 2021 fue debido al fallecimiento de estas personas y establece su relación directa y notoria con la pandemia generada por la covid-19, por lo que no sería causa por sí sola que determinara un reajuste en la plantilla que conllevara la supresión del acuerdo laboral de 2005. Se trata de la primera sentencia de este tipo en el ámbito socio-sanitario.

Sin lugar a duda, nos encontramos con una empresa más que intenta aprovecharse de la pandemia (la evolución de los años 2018 y 2019 fue positiva) para precarizar y recortar derechos laborales, si bien este caso es aún más sangrante si cabe porque se trata del ámbito socio-sanitario, sector en el que se registraron un número importante de fallecimientos y trabajadoras contagiadas por COVID-19, y más concretamente de una residencia de personas mayores perteneciente a la red de residencias concertadas de la Diputación Foral de Bizkaia, gestionada por la Fundación Vizcaína de Caridad (Fundación privada no lucrativa bajo el patrocinio de la Diputación de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao. De hecho, es presidente nato de la misma el Diputado General de Bizkaia Unai Rementería, y vicepresidente el alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto).

Huelgas y movilizaciones

ELA convocó en abril de 2021 en la residencia Conde Aresti una huelga indefinida para hacer frente a los recortes que la residencia pretendía aplicar a parte de la plantilla. Esta huelga se vio condicionada desde el inicio por unos servicios mínimos del 100%, que ELA denunció por abusivos, y que han impedido el ejercicio del derecho a la huelga. Aún así, las trabajadoras se han concentrado todos los días frente a la residencia para defender sus derechos.

En concreto, la empresa pretendía dejar sin efecto el acuerdo alcanzado en 2005 con el comité de empresa de ELA, acuerdo que suponía mantener las mejoras salariales y de complemento de incapacidad temporal que la plantilla tenía sobre el convenio sectorial de residencias de la tercera edad de Bizkaia.

Desde el año 2015 las trabajadoras han tenido que hacer frente a los constantes intentos de la empresa por precarizar sus condiciones laborales. De hecho, ese año ELA tuvo que judicializar el incumplimiento del acuerdo y también entonces los tribunales nos dieron la razón.

Pero lejos de cejar en su empeño, la fundación ha querido aprovechar la pandemia para, alegando problemas económicos, recortar derechos laborales, pretendiendo pérdidas de salario de hasta el 37% para las 25 trabajadoras más antiguas de la empresa y la eliminación del complemento de Incapacidad temporal, entre otras medidas.

Las trabajadoras afectadas por estos recortes tienen de media 27 años de antigüedad en la empresa, y un 44 % supera los 60 años de edad. Su lucha ejemplar y determinación han tenido respaldo en la sentencia que hoy damos a conocer, y que estima la demanda de conflicto colectivo presentada por ELA y declara injustificada la modificación sustancial de las condiciones de trabajo pretendidas por la empresa.

ELA seguirá poniendo todos sus recursos a disposición de las trabajadoras para que el sindicato siga siendo útil y paremos estos abusos, y felicita a todas las trabajadoras por su lucha.