Las trabajadoras irán a la huelga si el Ayuntamiento no frena el “desbordamiento” de los servicios sociales

Las trabajadoras del Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Donostia no descartan convocar una huelga si el consistorio no ofrece una solución al “desborde” en el que se encuentran actualmente los servicios sociales. La trabajadoras aseguran sentirse saturadas y con los servicios sociales “desbordados”, por lo que iniciarán un nuevo ciclo de movilizaciones el 27 de febrero. Comenzarán con con paros semanales, todos los jueves de 10:00 a 12:00, y si la situación no revierte, convocarán una primera jornada de huelga, el 27 de marzo. La plantilla lamenta el “ declive progresivo” que sufre el servicio desde hace años, tal y como ocurre, inciden, en otros sistemas públicos de atención primaria como la Sanidad, la Educación…

No en vano, el número de familias atendidas en 2024 se ha incrementado en un 21% respecto a 2019 (año previo a la pandemia) y las familias que acuden por primera vez a los servicios sociales representan un 18% más en este mismo periodo. Este número va en aumento año tras año, al contrario de los recursos con los que cuentan para dar respuesta a esta realidad.

En 2024 se atendieron el 54% de las llamadas recibidas en los Centros de Servicios Sociales, es decir, casi la mitad de las llamadas no fueron atendidas.

“La sobrecarga y falta de estabilidad de los equipos no es una situación nueva, pero se ha agravado hasta niveles insostenibles, y afecta directamente a la población de Donostia y a las trabajadoras”, lamentan.

Denuncian no poder responder las cientos de llamadas que reciben cada día, o no poder hacerlo con la rapidez y calidad necesarias. Aseguran que tampoco se conoce cuándo podrán pagar las Ayudas de Emergencia.

Recuerdan que se trata de un Servicio público al que acude la ciudadanía en diferentes momentos de su vida, la puerta de entrada a todo el sistema de servicios sociales: el cuidado de las personas mayores; familias con conflictos en la convivencia; menores de edad en riesgo; mujeres víctimas de violencia machista; personas con discapacidad; o personas en situación de calle, entre otras problemáticas.