“Nuevo Decreto, antiguos contenidos”

El Gobierno Vasco aprobó en febrero el Decreto de Normalización del Uso del Euskera en las Administraciones. Nuevo decreto, antiguos contenidos. Así lo denuncia Pello Igeregi en esta entrevista, en la que señala que “el nuevo decreto del Gobierno Vasco contiene elementos fundamentales del anterior y los cambios que recoge son simplemente estéticos”, y subraya que la movilización de los trabajadores y las trabajadoras también será imprescindible en el ámbito del euskera.

Tras la primera lectura que hizo del decreto ELA comentó que se ha perdido una oportunidad. ¿Por qué?

Primero tenemos que ir al punto de partida. Y el punto de partida es que se impone el castellano en todos los puestos de trabajo y el euskera sólo en algunos. La hegemonía del castellano se ha naturalizado tanto que muchas personas perciben la presencia de perfiles de euskera como una agresión. La realidad, sin embargo, es que el único que ha atacado es el castellano. Lo que nosotros pedimos es un proceso de equiparación.

Hay hombres machistas que se alteran cuando se plantea cualquier cosa desde el feminismo. Con el euskera ocurre lo mismo. Cuando pides un proceso de equiparación que no perjudica a nadie, los euskarafobos se alteran porque quieren garantizar la hegemonía del castellano.

El castellano siempre es una lengua que se impone, que está por encima, mientras los y las vascoparlantes nos vemos obligados a hacernos notar cuando acudimos a la administración. Por ejemplo, cuando un policía con pistola nos dice: ‘buenos días’, los vascoparlantes tenemos que decirle que queremos el servicio en euskera. O cuando el médico nos dice ‘buenos días’ en un centro de salud donde hay una cola tremenda tenemos que contestarle que queremos que otro médico nos atienda porque queremos atención en euskera. Esta es la situación a la que nos quieren obligar a llegar.

Por eso decimos que se ha perdido una oportunidad y se ha renunciado a equiparar los derechos lingüísticos de los vascoparlantes en la administración. El Gobierno Vasco ha optado por mantener la actual situación de diglosia.

Por lo tanto, el Gobierno Vasco hubiera podido revertir la situación, ¿no?

Claro que sí. Pedimos un proceso de equiparación de lenguas que dure 15 años. Durante ese periodo serán muchos los empleados y las empleadas públicos/as que se jubilen y existe la posibilidad de euskaldunizar a los empleados y las empleadas públicos/as que entren. Durante ese tiempo existe la posibilidad de euskaldunizar al personal que actualmente se encuentra en la administración y que no sabe euskera, poniendo los medios para ello y concediendo ayudas. Por ejemplo, tomando medidas para que esos trabajadores y esas trabajadoras puedan liberarse y tener tiempo para aprender euskera. Con estos recursos se debe garantizar el conocimiento de ambas lenguas en un plazo de 15 años. Es muy simple, no perjudica a nadie y se cumple el objetivo: poder trabajar en las dos lenguas oficiales en la administración pública.

Por lo tanto, en el plazo de 15 años hay tiempo para equiparar ambas lenguas y, a partir de ahí, garantizar dos derechos: el que tienen los trabajadores y las trabajadoras en la administración de trabajar en euskera y el que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de reclamar un servicio en euskera sin hacerse notar.

Recientemente se ha conocido que en la Diputación Foral de Bizkaia hay cientos de puestos de trabajo en peligro, debido a que el juzgado ha dictaminado que ‘las exigencias de euskera son desproporcionadas’. En los últimos meses hemos recibido varias noticias de este tipo. ¿Qué podemos hacer contra este tipo de decisiones?

Esta noticia, y noticias similares que ha habido, tienen relación con el decreto. En el caso de la Diputación Foral de Bizkaia, los tribunales dicen que interpelando al decreto hasta ahora vigente ha habido un exceso de exigencia de euskera, algo que el nuevo decreto no soluciona. De hecho, mantiene literalmente la misma proporción. Los juzgados están haciendo una interpretación muy restrictiva del decreto que ha estado en vigor y harán lo propio con el nuevo decreto.

En torno al decreto y a estas sentencias tenemos que decir que el Gobierno se ha negado a resolver la situación. Y, si hubiera querido, podría haberlo arreglado.

¿Cómo?

Con una modificación del decreto y de la Ley del Euskera se puede llevar hasta el límite la posibilidad de equiparar los dos derechos lingüísticos. Los juzgados están haciendo una interpretación restrictiva de la Constitución española, están haciendo una aplicación directa. Si se amplía lo que han aplicado esos juzgados, no es posible tener dos lenguas oficiales al mismo nivel dentro de la Constitución Española, y en la práctica sólo existirá una lengua oficial, el castellano. La interpretación que hacen es que una lengua es de aprendizaje obligatorio, el castellano. En cuanto a la otra lengua, es optativo aprenderla o no aprenderla. Según eso, en las administraciones solo se podría pedir una lengua de forma universal, el castellano, de lo contrario se discriminará a algunos ciudadanos y ciudadanas en comparación con otros/as en el acceso a la administración pública.

Esta interpretación se hace únicamente con el euskera. Con cualquier otro saber no lo harían. Por ejemplo, en medicina. Los jueces no se plantearían que como la medicina sólo la ha estudiado una parte de la sociedad, y como todos tenemos que tener derecho a ser médicos, quien no tiene la licenciatura o el grado también debería tener derecho a ejercer esa profesión.

Habrá que ver si se podrá llevar la ley del euskera hasta el límite, pero si los tribunales no hacen otra interpretación de la Constitución española, sólo podremos conseguir todos los derechos lingüísticos rompiendo con España.

¿Qué podemos hacer para influir como sindicato?

Lo que nos toca a nosotros/as es presionar para que haya otra voluntad política. El decreto ha salido tal y como ha salido porque el PNV ha dado derecho de veto al PSE-EE. Y ha aceptado ese derecho de veto porque no quiere que el tema de la lengua sea objeto de debate social, porque entiende que electoralmente no le beneficia.

Nosotros tenemos que intentar que aguanten la presión, pero en la otra dirección. Es decir, tenemos que hacerles entender que si no se dan avances en el tema del euskera lo notarán. Para llevar el debate a ese punto tenemos que ampliar la conciencia, dar a conocer la situación real del euskera, hacer consciente a la clase trabajadora de la opresión y, a partir de ahí, conseguir que las administraciones cambien de opinión a través de la movilización. De hecho, de manera voluntaria no lo conseguirán.