La Residencia Zallako Eguzki en riesgo por la falta de entendimiento entre Diputación, Mancomunidad Enkarterri y Ayuntamiento de Zalla

En esa misma reunión desde ELA exigimos la entrega de la documentación económica necesaria para valorar la situación alegada, ya que hasta la fecha no se ha aportado y, por lo tanto, no se puede entrar a valorar medida alguna. Transcurrida ya una semana de aquella reunión continuamos sin tener la documentación solicitada.

Las delegadas unicamente cuentan con un informe encargado a una consultoría externa, contratada ex profeso para tal fin, que concluye una serie de medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad de la residencia. Ese mismo día 12, la Junta Rectora aprobó (con los votos favorables de Zalla Bai y la abstención del PNV), entre otras, las siguientes medidas que suponen empeoramiento de condiciones laborales para la plantilla: no cubrir permisos ni bajas cortas de menos de una semana, ajustar ratios asistenciales, reducir a la mitad la jornada de la auxiliar administrativa y no cubrir incidencias laborales ni vacaciones de las DUEs. Todas ellas eufemismos de precariedad.

Llama la atención, además, que otra de sus medidas vaya enfocada a reducir el nivel de absentismo, cuando sabemos que las medidas anteriormente citadas suelen tener como resultante precisamente lo contrario. A más carga de trabajo, más riesgos psicosociales.

Del informe se deduce que de no dar sus frutos las medidas aprobadas se adoptarían otras más drásticas como la privatización de la residencia, un ERE o el cierre. Estas medidas aprobadas aún no han sido comunicadas formalmente a las delegadas, si bien este sindicato tiene conocimiento de las mismas a través de los medios de comunicación.

Nos parece muy grabe que sin presentar documentación que justifique ni la necesidad ni el impacto de las medidas, y sin mediar negociación alguna con la representación de las trabajadoras se vayan a ejecutar recortes en las condiciones laborales de la plantilla.
Asimismo, queremos hacer hincapié en que el problema es de índole político, por falta de entendimiento entre Ayuntamiento, Mancomunidad y Diputación Foral de Bizkaia, y que sin embargo, la Junta rectora plantea como solución empeorar las condiciones laborales de las trabajadoras.

ELA exige públicamente la documentación económico-financiera solicitada y la retirada inmediata de las medidas aprobadas; así como garantizar el mantenimiento del empleo en la residencia mediante un plan de viabilidad acordado con las tres instituciones competentes.

ELA apuesta por unos servicios públicos de calidad, de gestión pública directa, como lo es la residencia Zallako Eguzkia, y emplaza: a Diputación a asumir sus responsabilidades y potenciar las residencias públicas de gestión directa, en lugar de derivar personas usuarias a servicios privados concertados; a la Mancomunidad Enkarterri a hacer una apuesta firme porque los y las vecinas de la comarca cuenten con una residencia pública y de calidad en su entorno; y al Ayuntamiento de Zalla a incidir en medidas encaminadas a mejorar la calidad del servicio en lugar de a empeorar las condiciones laborales de las empleadas públicas.

No es el primer caso en el que la entrada en vigor del Decreto de Cartera de servicios sociales está generando discusiones políticas de calado, y es que de fondo está la no asunción por alguna de las partes de la responsabilidad que le toca y la tibia apuesta que a la hora de la verdad hacen las instituciones por unos servicios públicos de calidad y de prestación directa.

Por todo ello, para defender la residencia pública y sus puestos de trabajo, la plantilla está estudiando iniciar movilizaciones en próximas fechas.