Chile y América Latina, una lucha contra el neoliberalismo
La deuda ha sido el mecanismo utilizado por los capitalistas en América Latina para controlar a los países a su antojo. Con la excusa de las crisis económicas, los gobiernos de derechas han utilizado los "préstamos" del FMI para hacer lo que han querido. El objetivo de estas "ayudas" no es satisfacer las necesidades del pueblo trabajador, sino satisfacer las necesidades de las multinacionales extractivas, pagar los intereses usureros de las deudas anteriores o llenar los bolsillos de la burguesía. Esto se ha hecho a expensas de la mayoría de la sociedad, es decir, es el pueblo trabajador el que ha tenido que pagar los préstamos y sus intereses. Además, las deudas han servido para que los Estados pierdan soberanía y subyugar a los países para girar en la lógica neoliberal.
La situación actual de Chile tiene su origen en el golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende y la posterior dictadura militar. Tras el final de la dictadura en 1989, la historia oficial chilena quedó fuertemente condicionada por las medidas neliberales impuestas entonces. La posterior transición democrática no puso en cuestión este modelo neoliberal y el modelo diseñado por los neoliberales se ha convertido en el más exitoso de América Latina.
Como se ha mencionado, ha sido el aumento del precio del transporte lo que ha provocado que la gente salga a la calle. En un país donde la mitad de la población vive con un salario mínimo irrisorio, destinan un 15% de ese salario a pagar el transporte, es evidente que con ese sueldo no les da para pagar la cesta de alimentos básica, el alquiler, etcétera. Además del sueldo, la educación y la sanidad son dos de los principales problemas que tiene el país, que se privatizan para beneficio de un puñado de multimillonarios y la exclusión de las mayorías. Debido a todo lo anterior, el 80% de los mayores de 18 años está endeudado, lo que les condiciona para toda su vida.
Otro de los grandes problemas actuales, y que provocó las masivas protestas de 2016, son las AFP (Administradores de Fondos de Pensiones), es decir, las cajas privadas establecidas por el Estado, cuyos trabajadores deben destinar el 10% de sus ingresos a cuentas administradas por empresas privadas. Los propietarios de estas empresas destinan ese dinero a sus negocios (minería, industria, telecomunicaciones, capital financiero, etc.). El dinero que recaudan de las cotizaciones de AFP es más del doble de lo que pagan en pensiones; el 80% del PIB de Chile, respectivamente. Mientras que para los propietarios de las AFP es un negocio redondo, los pensionistas chilenos son condenados a la miseria. Este mecanismo de robo capitalista se estableció en el proceso de privatización que se impulsó durante la dictadura de Pinochet a través de un paquete de medidas económicas importadas de Estados Unidos por los Chicago Boys.
La respuesta a las protestas ocurridas ha sido la instauración del estado de excepción, que ha provocado la salida de los militares a la calle. Tanto la policía como los militares han ejercido la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos; las cifras de muertos, heridos, traumas oculares, torturados, desaparecidos, abusos sexuales y violaciones son escalofriantes y podrían no estar todas registradas. Han pasado ya dos meses y la persecución, la represión y las detenciones continúan, pero también la gente que quiere transformar la sociedad sigue en la calle y la exigencia del proceso constituyente es más fuerte que nunca.