El 22,3% de la población de la CAPV se encuentra en situación de ausencia de bienestar

El Gobierno Vasco ha dado una versión parcial e interesada de la realidad, tratando de ocultar los datos que muestran una evolución preocupante de algunos indicadores. Uno de los aspectos más interesantes de la Encuesta que elabora el Gobierno Vasco, que siempre ha sido el principal punto de análisis realizado por ELA, es que mide, de manera homogénea desde hace muchos años, lo que se llama situación de riesgo de ausencia de bienestar. Se entiende por ello a quienes se encuentran con “insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a los gastos habituales, que son considerados necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad. Son aquellos que en la práctica permiten participar -aunque sea en condiciones mínimas- en el modo de vida, las costumbres y las actividades normales de dicha sociedad”.

Pues bien, la Encuesta del Gobierno Vasco señala que en 2022 la tasa de ausencia de bienestar ha subido al 22,3% de la población (482.720 personas se encontrarían en esta situación), respecto al 19,6% de 2020. Nos encontramos en el nivel más alto desde 2008 (igualado por el dato de 2018). Desde 2008 esta tasa de pobreza ha subido casi 6 puntos, y el número de personas en la CAPV que en 2022 se encontraban en esta situación son 130.000 más que en 2008.

La ausencia de bienestar viene dada por varios criterios, que muestran que las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas de forma digna. Hubo 40.000 personas que tuvieron graves problemas de alimentación en 2022 (prácticamente el mismo dato que en 2020) y el porcentaje de personas que tuvieron problemas para mantener una temperatura adecuada en su vivienda en invierno aumentó un 18,4%. 178.000 personas sufrieron la pobreza energética.

Los hogares han tenido que hacer frente al encarecimiento de la vida a través del ahorro acumulado durante la pandemia (sobre todo por la reducción del consumo por los confinamientos) y la encuesta ofrece datos que muestran esta realidad. El número de personas que no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos ha aumentado un 18% entre 2020 y 2022. Es decir, una de cada cinco personas de la CAPV no tiene ahorros suficientes para hacer frente a gastos inesperados. El valor de los ahorros en el conjunto de la sociedad vasca ha disminuido un 24% en el mismo periodo y eso ha provocado que el 20% de las personas se encuentren sin ahorros.

A pesar de que la encuesta no refleja los efectos del Euribor del último año, en 2022 hubo cerca de 90.000 personas con impagos o atrasos en el pago de alquileres, créditos, hipotecas o recibos. Esto hace pensar que esta cifra pueda haber aumentado considerablemente durante el último año y puede que continúe así durante los próximos meses.

Finalmente, cabe destacar que la propia Encuesta muestra la insuficiencia de las políticas de garantía de ingresos mínimos y otras prestaciones sociales que ofrece el Gobierno Vasco. El 54,7% de las personas en situación de pobreza previa siguen en pobreza tras la cobertura del sistema de prestaciones sociales. Solo el 45,3% de las personas dejan de ser “pobres”, el 24,5% no tienen ninguna prestación económica, y el 30,2% restante percibe alguna prestación pero sigue en situación de pobreza. Es por ello que se debe facilitar a las personas el acceso a las prestaciones sociales, así como mejorar sustancialmente la cuantía de la RGI, como demanda ELA y como se plantea en la ILP contra la pobreza y la exclusión social por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.