El Gobierno Vasco planea destinar los fondos europeos a las multinacionales y oculta que conllevarán recortes
La Comisión Europea presentó en septiembre el programa Next Generation, con un montante de 672.500 millones de euros (360.000 millones en préstamos y 312.500 millones en transferencias no reembolsables). La mayor parte de las transferencias asignadas al Estado español (72.000 millones de euros) vendrán de la mano de este mecanismo.
No obstante, estos fondos están sujetos a muchas condiciones:
1) Destino de los fondos. Los Estados no podrán derivarlas a sanidad, educación o prestaciones sociales. La Comisión Europea ha propuesto 7 áreas en las que los países deberán invertir: el 57% tiene que ir destinado a la digitalización y a las políticas del Pacto Verde europeo (que a pesar de su nombre no va en la dirección de la necesaria transformación social y ecológica del modelo económico). Así, las beneficiarias serán grandes empresas y multinacionales. Y ni siquiera será para nuevos proyectos, sino que se prima los que ya están en marcha o en vísperas de ejecución.
En esa lógica hay que situar la lista de proyectos remitida por el Gobierno Vasco a Madrid. Su coste total (Urkullu pretende obtener financiación de los fondos europeos) es de 10.228 millones de euros para 2020-2024. Incluye varias obras del TAV (2.712 millones) y proyectos con dinero para grandes empresas como Iberdrola o Petronor (2.000 millones). En una situación extraordinaria como la que estamos viviendo es inadmisible que se destinen recursos públicos a proyectos privados y a modelos que distan mucho de abogar por una transición ecológica y justa.
2) Reformas que tendrán que llevar a cabo aquellos países que opten a los fondos.
Aunque el Pacto de Estabilidad Presupuestaria estará suspendido en 2021, los proyectos deberán incorporar las recomendaciones del Semestre Europeo de 2019 y 2020. El Estado español, por ejemplo, deberá “preservar” el sostenimiento del sistema de pensiones, del mercado laboral y desarrollar políticas fiscales que permitan un equilibrio presupuestario a medio plazo, todo orientado al recorte de los servicios públicos.
3) Complejidad para diseñar los planes. Debe haber objetivos y metas concretas, con hitos temporales que deben cumplirse estrictamente. Si ello no se cumple, puede traer consigo la devolución de los fondos, lo que sería un duro golpe para los países solicitantes.
ELA considera necesario impugnar la lógica en la que se enmarcan estos fondos y considera inadmisible que estén condicionados a seguir aplicando reformas y políticas presupuestarias austericidas. Las organizaciones sindicales, sociales o políticas que defendemos un cambio de modelo tenemos que rechazar de plano dicha lógica. Hay que exigir eliminar la condicionalidad y abordar un cambio de prioridades para el reparto de fondos. Pero eso no se puede hacer dentro del marco actual, que ya está definido. Por tanto, mientras no cambie el marco, la opción debe ser no entrar a esa lógica y no solicitar esos fondos, que son una trampa a través de la que los gobiernos van a ver intervenidas sus políticas hasta al menos 2026.
En conclusión, los fondos europeos no van a ser una alternativa real ni justa a la caída de recaudación en la CAPV y Navarra. Por ello, hay que abordar una reforma fiscal que aumente notablemente la recaudación, gravando más los beneficios de las empresas, el capital y el patrimonio, en la línea de las propuestas realizadas por ELA en mayo de este año.