El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales se niegan a aumentar los presupuestos para dar respuesta a las necesidades sociales

Las previsiones de recaudación presentadas la semana pasada por las instituciones de la CAPV en el Consejo Vasco de Finanzas muestran que nos encontramos en una situación de enorme gravedad. Estamos viviendo una crisis sanitaria, económica y social de las que la fuerte caída de la recaudación que se estima para este año y la pequeña recuperación esperada para el año que viene son una muestra más.

Una crisis de estas características requiere un papel mucho más importante por parte del sector público:

• La sanidad pública está siendo el pilar esencial para combatir la pandemia, pero lo está haciendo en una situación de clara insuficiencia de medios.

• La insuficiencia de la cobertura de los servicios de dependencia ha quedado en evidencia. Lo mismo se puede decir de la educación.

• El aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, la existencia de un número importante de trabajadoras y trabajadores en ERTEs o las dificultades para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento de los hogares o al pago de hipotecas y alquileres, muestran la necesidad de aumentar las prestaciones sociales y el reconocimiento de derechos básicos.

En vez de abordar estas necesidades, a través de un fuerte incremento presupuestario, el Gobierno Vasco ha anunciado para 2021, en boca de su consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, “un presupuesto no restrictivo”. Dando esto por bueno -lo cual es mucha concesión-, es evidente que el Gobierno Vasco elude dar una respuesta acorde con la situación, y va a presentar un presupuesto como si no hubiese pandemia, como si no estuviésemos en la grave situación en la que nos encontramos.

Esta opción del Gobierno Vasco es aún más lamentable si tenemos en cuenta que en la Unión Europea y en el estado español se ha decretado para todas las instituciones la suspensión de las reglas presupuestarias. Es decir, se ha suprimido el límite de déficit público o el establecimiento de un porcentaje por encima del cual no se podía incrementar el presupuesto. En este contexto, el Gobierno Vasco se ha autoimpuesto un límite de déficit, del 2,2% del PIB para 2021. ELA denuncia que el Gobierno pretende utilizar este límite (que no va a tener ninguna otra institución en Europa) para decir que no puede incrementar más su presupuesto, algo que es totalmente falso.

Por tanto, ELA va a exigir al Gobierno Vasco un fuerte incremento del presupuesto para 2021, para dotar a los servicios públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales…) de manera adecuada. Asimismo vamos a demandar la retirada de los recortes que se están aplicando en la cuantía de la RGI, la renuncia del Gobierno a tramitar la reforma de la RGI en los términos que el PNV y el PSE propusieron en la legislatura anterior, y la aprobación de una nueva ley que recoja los contenidos de la ILP contra la pobreza y la exclusión social presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Por último, ELA considera inaudito que el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales se sigan negando a abordar una reforma fiscal para incrementar los impuestos a los beneficios empresariales, al capital, a los patrimonios y a las rentas altas. No solo es que, como se sabe, la presión fiscal en la CAPV está a la cola europea. La evidencia ocurrida tras la crisis de 2008 muestra que utilizar el aumento de la deuda como mecanismo para compensar la pérdida de recaudación es una salida cortoplacista, que solo sirve para un periodo muy corto, tras el cual el pago de la deuda se convierte en una prioridad y se utiliza como excusa para aplicar todo tipo de recortes en los capítulos sociales. Cuando hasta la OCDE y el FMI reclaman un cambio de la fiscalidad en la dirección demandada, la negativa de las Diputaciones y del Gobierno Vasco a abordar una reforma en esta dirección es una muestra más de que sus políticas están al servicio de los intereses espurios de una minoría, que priman sobre los de las mayorías sociales.

Por tanto, ELA va a demandar un fuerte aumento de los presupuestos sociales y una reforma fiscal que aumente la recaudación de manera notable y haga el sistema fiscal más justo. Asimismo, muestra su intención de seguir trasladando estas reivindicaciones a los centros de trabajo y a la calle. Solo la movilización y la lucha va a conseguir el cambio de políticas que la situación requiere.