El proyecto de ley de empleo se debate en el parlamento vasco

Hablar de la ley de empleo no es fácil entre quienes entienden el empleo de manera muy diferente. Más aún si se entiende que el empleo y la dignidad van de la mano. ELA tiene claro que en la ley y en la práctica en la CAV no se garantiza un empleo digno.

El proyecto de ley estructura el empleo de una forma muy similar a como se ha organizado hasta ahora; cartera, programas, financiación, modelo de Gobernanza, diálogo social, Lanbide... sin reparar en el alcance de los mismos, objetivos cumplidos, resultados, recursos empleados, calidad del servicio público que se presta, etc.

Como señalamos en la comparecencia, una verdadera política de empleo debe tener como imprescindibles algunos conceptos que no contempla el proyecto de ley.

Por un lado, el papel de la Administración como empleadora. La administración es el mayor empresario, la realidad del empleo depende en gran medida de él. Analizando los datos a nivel europeo, se observa que el peso del sector público, desde el punto de vista del empleo, es menor que el de otros países. Por ejemplo, en la sanidad pública, aquí hay menos profesionales por cada 1.000 habitantes, como ha denunciado ELA en numerosas ocasiones. Y qué decir del Sistema de cuidados. En nuestros servicios sociales hay mucho menos personal, la mayoría de las necesidades que hay en la sociedad se dejan así sin cobertura, muchas de las áreas están además privatizadas, y son las mujeres trabajadoras las directamente afectadas.
En el Sector Público la precariedad es muy alta. La tasa de temporalidad es del 40%. Y las medidas que se están tomando son muy deficientes, la administración no soluciona esta situación, como ha denunciado ELA en Educación o Osakidetza.

En segundo lugar, la subcontratación. ELA presentó en el Parlamento una ILP para que se garantizara unas condiciones laborales dignas y una subrogación en los servicios que subcontrata el sector público. Se nos dijo que no.

En tercer lugar, las luchas contra la precariedad. La precariedad está muy extendida en este país. Y el Gobierno Vasco tiene mucho que decir y hacer ese tema. En cambio, el mensaje que se da a la sociedad es que la confrontación y las luchas no son el camino, demonizando a los que las llevan a cabo.
Respecto al salario mínimo por ejemplo. En HEH debería ser de 1.400 euros. ¿Por qué aquí no es posible regular por ley el salario mínimo?

En cuarto lugar, otras políticas de creación de empleo.

La creación de empleo de calidad debe ser una prioridad, el Gobierno Vasco no tiene una política industrial adecuada, es sumiso del oligopolio y de las empresas transnacionales para hacer frente a la transitación ecosocial.
Hay que defender otro tipo de políticas:

- Reducción de jornada para distribución de riqueza y empleo.

- Relocalización de la economía

- Publificar el sector energético

- Transformar las políticas de transporte - Reducir la movilidad, impulsando el transporte público y colectivo.

- Promoción de la soberanía alimentaria y agroecología.

- Reorganizar la economía. Hay que poner en el centro el cuidado, el sostenimiento de la vida y el reparto de tareas de cuidado muy feminizadas.

- Desmercantilización de servicios básicos. La prioridad para cubrir las necesidades de los ciudadanos sin pasar por el mercado debe ser reforzar los servicios públicos para garantizar a los ciudadanos la sanidad, la educación y otros servicios públicos.

Por si todo esto fuera poco, el proyecto de ley le justifica la modificación de la naturaleza jurídica de Lanbide de organismo autónomo a ente público de derecho privado. Como ya dijimos en su día, esta figura jurídica reduce la capacidad de control público y permite que la contratación de personal se realice de forma menos transparente, cuando la administración actúa en forma de empleador. Esta opción también perjudica la transparencia y el control de los diferentes programas de empleo y de la subcontratación y adjudicación de formación. Este aspecto se agrava porque el empleo y los ámbitos de formación se convertirán en fuente de financiación de las entidades que participan en la Mesa de Diálogo Social. Sería un modelo que hemos denunciado en reiteradas ocasiones.

ELA considera que como país tenemos grandes retos para impulsar un empleo de calidad. Y el proyecto de Ley de Empleo no da respuesta a ese reto.