ELA rechaza seguir con la política presupuestaria de austeridad
El Congreso, con los votos de los partidos que facilitaron la investidura del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ha avalado los objetivos de estabilidad presupuestaria que propuso el Gobierno el pasado 11 de febrero, para el periodo 2020-2023. Entre estos objetivos se encuentra la denominada Regla de Gasto (o porcentaje máximo de incremento del presupuesto, que afecta a todas las instituciones, incluidas las autonómicas, forales o municipales). Para 2020 la propuesta del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es de un aumento del 2,9%, apenas una décima más del 2,8% aprobado por Rajoy para 2020.
Cuando se aprueban los objetivos de estabilidad presupuestaria se establece una senda de 3 años. La práctica habitual es revisar esa senda cada año. Debido a la falta de apoyo parlamentario de los últimos gobiernos en el Estado español (tanto de Rajoy como de Sánchez), la última vez que el parlamento los ratificó fue en 2017 (para el periodo 2018-2020), con Rajoy en el gobierno.
Los objetivos que se aprueban son tres: límite de déficit público, límite de deuda pública y regla de gasto. Todas las instituciones del Estado español deben cumplir los tres límites. En los últimos años las instituciones de Hego Euskal Herria están teniendo un importante superávit presupuestario. Por ello, el límite de la regla de gasto es el que realmente topa los presupuestos de nuestras instituciones. Tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de Navarra acordaron con Rajoy que la Regla de gasto sería del 2,7% para 2019 y del 2,8% para 2020 (es decir, que su presupuesto en ningún caso aumentaría por encima de esas cifras, las mismas que Rajoy impuso al resto de Comunidades Autónomas, y que si se recaudaba más se debía destinar ese dinero a amortizar deuda).
Que la regla de gasto para 2020 sea de un 2,9% es una broma de mal gusto, ya que en la práctica supone dar por buena la misma dosis de austeridad que estableció en su día el gobierno de Rajoy, con un 0,1 de incremento. La regla de gasto es un instrumento para aplicar las políticas de austeridad presupuestaria, siendo una de las bases para justificar la pérdida de peso del sector público en la economía. A través de una insuficiente dotación de recursos se produce un importante deterioro de los servicios públicos, progresivo en el tiempo, a la vez que se profundiza en el recorte de las prestaciones sociales (pensiones, etc.).
De este modo el gobierno español da por buena la política presupuestaria avalada por la Troika. Es imposible que los presupuestos sean sociales si se tiene que cumplir esa restricción presupuestaria.
ELA considera inaceptable que con el voto a favor del PNV y Unidas Podemos y la abstención de EH Bildu sea avalada esta política de austeridad, teniendo en cuenta, además, que de esta manera establecen el marco presupuestario que van a tener que seguir las instituciones de la CAPV y de Navarra para los próximos años.
El PNV es coherente con su posición habitual, favorable a las políticas presupuestarias de austeridad. Hay que recordar que los votos de ese partido fueron necesarios para aprobar los objetivos de estabilidad de Rajoy. Por su parte, la justificación ofrecida por EH Bildu para dar el pase a los objetivos de Calviño (que los ayuntamientos con superávit van a poder aumentar sus inversiones sostenibles) supone avalar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Llevar a cabo políticas presupuestarias progresistas o impedir que los presupuestos de las instituciones vascas se decidan en Madrid requiere derogar dicha Ley, lo que debería ser prioritario para cualquier fuerza soberanista y/o progresista.