Es necesario priorizar la salud por encima de la riqueza

29/01/2021
ELA apoya la campaña que pide a la OMC que renuncie a las disposiciones relativas a los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, los medicamentos esenciales y los suministros médicos

Después de un año 2020 golpeado duramente por la pandemia, nos encontramos en pleno proceso de vacunación para hacer frente al covid19. La recuperación de la crisis sanitaria, económica y social pasa por que todas las personas tengan acceso a dichas vacunas de una forma rápida y asequible. Sin embargo, el control de la industria farmacéutica en este proceso, amparada por los acuerdos comerciales internacionales, está provocando que se limite el suministro mundial de las vacunas y que unas pocas empresas obtengan unos enormes beneficios por ello.

Las empresas farmacéuticas constituyen un monopolio gracias al acuerdo Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que se encuentra dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Gracias a este acuerdo, las grandes corporaciones farmacéuticas tienen el control del mercado y pueden establecer los precios que estimen oportunos, incluso a los gobiernos, obligando a éstos a la utilización de recursos públicos para poder acceder a ese mercado.

Dada la excepcionalidad de la situación provocada por el covid19, instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas o el movimiento sindical internacional del que forma parte ELA, han apoyado una propuesta presentada ante la OMC para la exención de algunas disposiciones del ADPIC para la prevención, contención y tratamiento del covid19. Se trata de que los países de la OMC no tengan que aplicar o hacer cumplir ciertas obligaciones de derechos de propiedad intelectual, de patentes o de diseño industrial, facilitando así el acceso a los medicamentos, vacunas, diagnósticos u otras tecnologías necesarias para hacer frente a la pandemia.

Esta propuesta de exención, apoyada por la gran mayoría de los gobiernos del planeta, en cambio, se encuentra con la oposición de las principales potencias económicas, como son la UE, EEUU, Japón o Australia, lugares donde residen las mayores empresas farmacéuticas.

Uno de los argumentos principales para oponerse a la socialización es la idea de que la propiedad intelectual promueve la innovación. Sin embargo, todas las vacunas y tratamientos desarrollados durante la pandemia han recibido dinero público. Según un estudio del Health Policy Watch, hasta el momento se han gastado 113.000 millones de dólares de dinero público en vacunas y terapias de covid19 a nivel mundial. De esta forma, las personas pagan por las vacunas dos veces, la primera cuando el estado proporciona dinero público para la investigación y la segunda cuando compra las vacunas. Además, la propiedad intelectual proporciona un poder monopolístico a estas empresas, impidiendo que que otros fabricantes puedan producir las vacunas y estableciendo las precios que ellos consideren oportunos.

Por si esto fuera poco, según un informe de Oxfam, cuatro grandes empresas farmacéuticas (Abbott, Johnson&Johnson, Merck y Pfizer) han ocultado sistemáticamente sus beneficios en paraísos fiscales, a razón de 3.800 millones de dólares anuales.

Es evidente que la propiedad intelectual supone una barrera para el acceso a la vacuna, medicamentos y tecnologías para hacer frente al covid19. Un claro ejemplo son la imposibilidad de fabricar ventiladores en el norte de Italia por la presión de las patentes de algunas empresas, las patentes en las mascarillas N95, que impiden que más fabricantes puedan producirlas o las dificultades de algunos países como Sudáfrica para acceder a algunos reactivos químicos por estar amparados por la propiedad intelectual.

Estas limitaciones tienen un impacto directo en la producción de vacunas, que además queda en manos de empresas de unos pocos países, como EEUU, Reino Unido o la UE. Ninguno está por la labor de democratizar el acceso a la vacuna, sino en favor de las grandes empresas farmacéuticas. Y estas últimas (AstraZeneca, Pfizer, BioNTech o Moderna), que anunciaron que durante la pandemia iban a renunciar a los beneficios y que iban a compartir sus licencias, por el momento, no han cumplido con su palabra. El único acceso a la vacuna por parte de los países sin recursos es el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX). Sin embargo, este fondo no ha conseguido facilitar el acceso ni al 20% de la población de estos países y algunos de ellos solo tendrían acceso a un cupo limitado para el año 2024.

Mientras que millones de personas han trabajado y trabajan sin los medios necesarios para hacer frente al covid19, la industria farmacéutica, con la ayuda de las instituciones públicas, demuestra que más allá del interés público, lo que de verdad les importa es el aumento de sus beneficios y el control monopolístico del mercado.