Hipotecar la vida por la vivienda
La vivienda es un elemento que condiciona la vida de la mayoría de la gente. Y la política de vivienda lejos de solucionar o menguar este problema es parte del mismo. La política de vivienda siempre se ha dirigido a la compra, y esto condiciona la vida de gran parte de la sociedad. La opción de comprar (muy por encima del alquiler) no es un elemento cultural, sino que es consecuencia de las políticas públicas que se hacen.
El parque de vivienda protegida de Navarra destina menos de 1 de cada 10 viviendas al alquiler. Hay que destacar que el porcentaje de viviendas protegidas en alquiler es mucho menor que la demanda de las mismas. Mientras el parque de vivienda protegida tenía el 8,8% de las viviendas en régimen de alquiler, quienes solicitan una vivienda protegida en alquiler son el 82,4%.
También hay una lectura de género en este asunto. La demanda de vivienda protegida en alquiler es mayor entre las mujeres, el 57,7% de las solicitudes las hacen mujeres.
Pero la política de vivienda siempre ha preferido estar de parte de quienes entienden la vivienda como un negocio y no como un derecho. En Navarra, en 2017, se ha cubierto el 49,1% de las solicitudes de vivienda protegida en compra, mientras que no se ha cubierto ninguna de las 5.961 solicitudes de alquiler de vivienda protegida.
Todo esto también repercute en el precio para acceder a una vivienda (ya sea para comprar o alquilar), que es desproporcionado a la renta disponible de la mayoría de la gente. El salario bruto medio anual en 2016 (último dato disponible) ha sido de 25.468 euros. Desde 2010 el salario bruto ha crecido un 6,4%. La evolución es muy diferente en el precio de la vivienda nueva, que ha aumentado un 14,7% de 2014 a 2018. Aunque no son los mismos años para comparar, sí se puede ver que la evolución del precio de las viviendas está muy por encima del crecimiento salarial.
Esta evolución es aún peor en el caso de las mujeres. La brecha salarial es de 8.153 euros, esto es, las mujeres ganan un 28% menos que los hombres, y la evolución aún es peor, ya que el salario bruto para las mujeres ha aumentado un 4,9% de 2010 a 2016, y un 1,8% de 2015 a 2016.
Todo este sistema tiene como consecuencia los desahucios. Los desahucios son un problema estructural. El acceso a la vivienda mediante la compra está en manos de las entidades financieras, y de si éstas otorgan créditos hipotecarios o no y en qué condiciones los dan. El único fin de las entidades financieras es el lucro económico, lo que desencadena en muchas ocasiones en desahucios. En las viviendas en alquiler también hay cada vez más desahucios, consecuencia de la descompensación entre salarios y un precio de alquiler cada vez mayor.
Así, en Navarra desde 2013 (la serie de datos se hace desde entonces) hasta 2018 se han ejecutado 2.424 desahucios, de los cuales 377 han sido en 2018.
El problema de acceso a una vivienda digna y adecuada es algo estructural, y que, por tanto, necesita un cambio estructural para que se solucione. Es necesario rechazar de plano el modelo vigente en las últimas décadas, que utiliza la vivienda desde el prisma del negocio y no como derecho.
La solución no es volver a la situación anterior. Es necesario impulsar el alquiler frente a la propiedad, algo que debe partir desde las políticas públicas. Dar ocupación a las viviendas deshabitadas, hay mucha gente sin vivienda y muchas viviendas sin gente. Paralización de los desahucios, la vivienda es un derecho por encima de todo. Aumento del gasto público en vivienda, sin presupuesto, no hay políticas sociales.