La ley de juventud es necesaria, pero más necesarias son medidas que modifiquen de raíz el sistema

El dato más significativo de la situación de la juventud es el de la tasa de paro, que según la Encuesta de Población Activa del INE del cuarto trimestre de 2020 se sitúa en el 35,6%. Esto significa que uno de cada tres jóvenes está en paro. Este porcentaje, si lo comparamos con los países europeos, sólo el Estado español aparece por detrás de la CAPV. Además, hay que señalar que, aunque en el último año ha experimentado un incremento notable, lleva desde 2008 sin bajar del 25%. Por lo tanto, el problema es estructural y las medidas a adoptar deberían ser de fondo para revertir esta situación.

Pero el paro no es el único mal dato, si atendemos a la evolución de la juventud inactiva, se puede observar que desde 2008 ha aumentado del 55% al 72 %, es decir, hay 30.000 jóvenes más en esta situación. Y eso significa que estos jóvenes han dejado de buscar trabajo activamente por una razón: porque no tienen ninguna esperanza de encontrar trabajo. Así, la tasa real de empleo se sitúa en el 18%, es decir, sólo uno de cada cinco jóvenes trabaja. Ante la falta de oferta que ofrece el mercado laboral, muchos jóvenes han optado por seguir estudiando y consideramos importante señalar la falta de oportunidades que se dan en este ámbito, ya que, tras la finalización de la universidad, las posibilidades de seguir investigando son muy escasas. La demanda de becas es muy alta, pero el número de becas que se ofertan es muy reducido. Además, las personas que acceden a la beca se encuentran en una situación muy precaria.

Centrándonos en los jóvenes con empleo, tener trabajo no significa que estén en una buena situación, ya que el empleo que tienen los jóvenes está mayoritariamente muy precarizado. Esto significa que tienen contratos eventuales y parciales, sobre todo de bajo sueldo y trabajan en el tercer sector. La situación era dura antes de la llegada del coronavirus, pero la pandemia ha golpeado aún más a los jóvenes. Los datos de la Seguridad Social indican que, en 2020, la destrucción de empleo se ha centrado en la hostelería, los contratos temporales y los jóvenes. No es casual, hay una relación de causalidad entre estas tres variables. Atendiendo a los datos, la destrucción de empleo entre los jóvenes ha llegado a casi 7.000 personas, es decir, ha rondado el 14%. Además, gracias a los ERTE se han mantenido varios empleos, pero cuando estos finalicen, la situación de los jóvenes puede empeorar radicalmente.

Esta precariedad, además de la inestabilidad de los contratos laborales, también la podemos ver en los salarios. El salario de los jóvenes es el más bajo con diferencia. Según el INE, 14.000 euros es la media que ganan, 8.000 menos que el siguiente tramo de edad. El propio dato indica que es difícil tener una vida autónoma con esa cifra. Por si fuera poco, analizando la evolución de la última década, el salario se ha reducido un 7 % en las personas con menos de 25 años, mientras que el Índice de Precios al Consumo ha aumentado un 15 %. Es decir, mientras se encarece la vida, baja el salario de los jóvenes, haciendo así cada vez más bajo el poder adquisitivo. Este salario medio hace prácticamente imposible la posibilidad de disponer de una vivienda.

En cuanto a la vivienda, el incremento de los precios de los últimos años ha hecho que el precio medio del alquiler se sitúe en 1034 euros, lo que ha tenido como consecuencia que la edad en la que los jóvenes se independizan suba hasta los 30 años. En comparación con Europa, volvemos a ser de los últimos países. En lo respectivo a la forma de actuar de las administraciones, esta es la misma que la comentada anteriormente. Se habla de ayudas, pero no se habla en absoluto de regular el mercado del alquiler, por ejemplo de establecer un precio máximo. Es decir, son medidas parciales y no van a la raíz. Desde ELA creemos que las medidas a adoptar en esta materia deben ser de fondo, en ese sentido, entre otras cuestiones, vemos necesario limitar el precio del alquiler.

Esta situación, como hemos dicho, es totalmente estructural y aunque se han llevado a cabo programas de empleo laboral para cambiarlo, las consecuencias no han sido en absoluto positivas. Como se ha mencionado, la situación de la juventud no puede abordarse de una manera parcial, tal y como han hecho nuestras administraciones. Es decir, creemos que es adecuado hacer planes de empleo dirigidos a los jóvenes, pero si esos planes están en el seno del mercado laboral actual y profundizan en ese modelo, sirven para poco.

Los planes de empleo juvenil que se han elaborado en los últimos años, muchos basados en prácticas, tienen las siguientes características:

• Son contratos eventuales de duración no superior a seis meses o en contadas ocasiones de un año.

• Sobre todo, con salarios bajos porque no se aplican los convenios sectoriales.

• En la mayoría de los casos, no supone ningún desarrollo profesional para la personas joven trabajadora.

• Hay una falta evidente de inspección de las administraciones, es decir, las empresas hacen lo que quieren.

• Además, hay que denunciar el modelo que tienen estos programas. El modelo que impulsan las administraciones es la colaboración pública privada, lo que significa una fuerza de trabajo gratuita para las empresas, pero que lo pagamos entre todos.

Como conclusión sólo podemos ver malos resultados. Además de eso, la figura de las prácticas muchas veces se pone como excusa, diciendo que una vez finalizadas se procede a contratar. Sin embargo, los datos desmienten esta afirmación, atendiendo a los datos facilitados por el Sepe, en los años 2019 y 2018, sólo el 15% y el 13% de los contratos de prácticas se convirtieron en indefinidos. Así, el uso de las prácticas no parece un buen modelo de consolidación de empleo.

Nos llama la atención que compartimos en parte la lectura que se hace en la ley, pero no compartimos en absoluto las medidas llevadas a la práctica. También nos llama la atención que, aunque algunos partidos identifiquen cuál es el problema, se muestran a favor de retrasar la edad de jubilación, y de las consecuencias que supone, se oponen a fijar el trabajo temporal en la administración, se oponen a derogar la reforma laboral, así como a limitar el precio del alquiler y así existen muchos ejemplos más.

A modo de conclusión, tenemos claro que el modelo capitalista y las administraciones son las responsables. No podemos olvidar que en nuestro país existe una pobreza encubierta, derivada de la falta de posibilidades de tener una vida independiente. Se nos presenta una generación que nació en tiempos de crisis, que ha entrado en otra nueva crisis y que se les presenta un futuro negro. Es por eso que necesitan de medidas urgentes, en cambio, la nueva ley de juventud profundiza en el paradigma vigente hasta hoy, sin aportar nada nuevo.

ELA no niega que hace falta una ley que atañe a los jóvenes, pero hay que abordar la situación de estos en su conjunto. Vemos necesario derogar los recortes de derechos laborales que se han hecho en las reformas implementadas durante muchos años y también la necesidad de recuperar el valor de la negociación colectiva, hay que garantizar a los trabajadores el derecho a negociar aquí nuestros convenios laborales. Además, hay que garantizar a todas las personas las prestaciones sociales para una vida digna, junto con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Estas son algunas medidas, pero el cambio de modelo es lo realmente necesario y eso significa que vemos necesario aumentar el control público. Al fin y al cabo, lo que necesitan los jóvenes consiste en tener la oportunidad de tener un trabajo digno y las herramientas adecuadas para vivir, y las administraciones tienen la responsabilidad en ello.