La nueva propuesta de Ley de Vivienda no soluciona el elevado precio de los alquileres

La semana pasada se cerró el acuerdo entre la coalición PSOE-Unidas Podemos para la aprobación de los presupuestos del año 2022. El último escollo se encontraba en la futura Ley de Vivienda, que hasta el momento se encontraba aparcada, pero para la que parece han encontrado un consenso. A falta de conocer el borrador definitivo de la ley, las propuestas evidencian una enorme falta de ambición para limitar el precio de los alquileres y para hacer frente al problema de acceso a la vivienda, en un contexto en el que los precios están por las nubes y la clase trabajadora está sufriendo las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19.

Para comenzar, todavía no se ha definido la entrada en vigor de la ley, pero el Gobierno pretende conceder una moratoria de 18 meses hasta el comienzo de su aplicación, lo que podría provocar una subida de los precios de alquiler en ese periodo.

Además, la aplicación de la Ley se deja en manos de las CCAA y los ayuntamientos (la competencia en materia de vivienda esta descentralizada). Muchas CCAA, por ejemplo Madrid o Andalucía, ya han manifestado sin ningún pudor que no van a aplicar la norma bajo ningún concepto. Por lo tanto, se trata de una ley que nace coja.

Sin embargo, para aquellas CCAA que decidan incorporar la Ley, la limitación de alquileres únicamente se aplicará en “zonas tensionadas” que determinen las propias CCAA. Se trata de zonas, barrios, distritos, etc (no está definida el área geográfica) en los que los precios del alquiler han sufrido importantes incrementos en los últimos años, concretamente 5 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. Es en estas áreas es donde se limitarán los precios de los alquileres, dependiendo de la propiedad del inmueble.

Para las personas jurídicas (empresas, fondos, bancos...) con más de 10 pisos, también denominados grandes tenedores, se establece una reducción del precio del alquiler hasta un índice fijado por el Gobierno y que está todavía por definir. Para el resto de casos (personas jurídicas con menos de 10 pisos y las personas físicas), los inquilinos se podrán acoger a una prorroga de hasta 3 años de su contrato en los mismos términos actuales y los nuevos contratos no podrán superar el valor de los anteriores. Es decir, habrá una congelación de los precios del alquiler, que en estos momentos se encuentran en máximos, por lo que el problema va a persistir.

Cabe destacar que el 80% de las propiedades en alquiler se encuentran en manos de personas físicas y pequeños propietarios, por lo que la reducción del precio del alquiler no afectará a la gran mayoría de los inquilinos. Además, a pesar de que ya reciben importantes bonificaciones, el acuerdo prevé bonificar en el IRPF hasta el 90% de las rentas obtenidas por alquiler a los propietarios que decidan disminuir por lo menos un 5% el precio del alquiler. Esto se traduce en una menor recaudación fiscal en beneficio de los propietarios y las rentas altas. No hay que olvidar que estas medidas solo se darán en las denominadas zonas tensionadas, quedando fuera de la limitación de precios la mayoría de las áreas geográficas.

Otra de las grandes medidas es el Bono Joven, una ayuda directa de 250€ al mes durante 2 años a jóvenes entre 18 y 35 años y con una renta inferior a 23.725€. No obstante, sin medidas adicionales de limitación de los precios de alquiler, estas ayudas directas se traducen en un incremento de los precios del alquiler por parte de los propietarios.

También se pretende que el 30% de las viviendas de nueva construcción se reserve a vivienda pública, siendo el 15% de alquiler social. Sin embargo, esta reserva a vivienda pública no es obligatoria de momento, si no opcional. En cuanto al problema de las viviendas vacías, también será opcional para los ayuntamientos un recargo en el IBI de hasta el 150%, pero para que esto ocurra el propietario debe poseer más de 4 inmuebles y tener más de un piso vacío en el mismo municipio. La aplicación de esta medida, en la misma dirección del Decreto de Vivienda Vacía del Gobierno Vasco, queda en manos de los ayuntamientos y, además de ser un recargo insuficiente, dados los criterios establecidos, no va a suponer ningún cambio significativo.

La propuesta no dice nada en materia de desahucios, por ejemplo, prohibiendo los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional u obligando a los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a familias vulnerables antes de proceder a un lanzamiento. Tampoco hay medidas para responsabilizar a los bancos y a los fondos buitre, responsables de la crisis del año 2008 y que fueron rescatados con dinero público.

Desde ELA, y a la espera del texto definitivo, queremos denunciar que la propuesta de Ley de Vivienda es insuficiente y que su repercusión en la disminución de los precios de alquiler va a ser prácticamente inexistente. Es imprescindible incorporar en la ley medidas urgentes para una reducción real de los precios de alquiler, no solo en las “zonas tensionadas”, sino en todos los municipios y ciudades, así como movilizar el parque de viviendas vacías y potenciar el alquiler social para favorecer así el acceso a una vivienda digna a la clase trabajadora. En ese sentido, ELA apoyó el manifestó “Por una Ley de Regulación del Precio del Alquiler” el pasado noviembre.