Los fondos buitre llegan a Iruñea y Donostia para hacer negocio con la vivienda de cientos de familias

En Navarra hay cientos de familias que pasarán de tener un alquiler protegido a que su vivienda dependa de un fondo buitre, Testa Residencial. Esto se debe a la compra de viviendas por parte de fondos buitre tras quedar estos edificios descalificados como vivienda protegida. Se trata de promociones de vivienda protegida que en su día promovieron entidades financieras y que durante 20 años estaban obligadas a destinarlas a alquiler social. A partir de este año, sin embargo, se acaba la calificación y las pueden vender o alquilar. Esto supone para quienes viven allí que el precio del alquiler se disparará y que no tengan ninguna garantía de poder seguir en su vivienda, ya que ahora serán propiedad de este fondo buitre.

En Donostia la situación es similar, ya que otros fondos buitre, Azora (el mismo que compró en Madrid más de 3.000 viviendas de alquiler social) y Blackstone, han comprado al menos 14 bloques de viviendas con cientos de familias viviendo en ellas.

La consecuencia es un auténtico desastre, ya que a mucha gente que tiene un alquiler pactado (alquiler protegido en el caso de Pamplona) se le incrementará el mismo a cantidades que no podrá afrontar, y a otra mucha gente ni siquiera se le dará la oportunidad de renovar el contrato de alquiler. Por tanto, mucha gente se verá en la calle, y la que no, tendrá que pagar mucho más por la misma vivienda.

Esta situación es fruto del fracaso de la política de vivienda, y demuestra que la vivienda no es un derecho, sino un negocio.

El Gobierno de Navarra ha anunciado un acuerdo con el fondo buitre para que el precio se incremente hasta los 650 euros. Esto ni siquiera supone un parche a este problema, ya que muchas de estas familias no podrán pagar este precio (este incremento supondrá doblar el alquiler que han venido pagando hasta ahora para muchas familias).

Además, la brecha salarial y la brecha de pensiones hace que la subida del alquiler tenga un enorme impacto de género. Aumentar el precio del alquiler no tiene las mismas consecuencias si tenemos en cuenta que los ingresos de las mujeres son menores. Esto es, la brecha salarial y la brecha de pensiones hace que el aumento del precio del alquiler sea aún más grave para las mujeres.

Esta situación refleja para quién se hace la política de vivienda y qué intereses se protegen: mientras los fondos buitre apenas pagan impuestos y tienen un tratamiento fiscal privilegiado la gente con menos recursos tiene que abandonar su vivienda o pagar mucho más por ella.

ELA reclama una parque público de vivienda protegida de alquiler como medida para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Además de esto, es necesario un control de los precios de alquiler, porque de lo contrario la vivienda responde a la especulación, y no a cubrir un derecho básico.