Los fondos europeos a manos de quien menos los necesitan
El pasado 17 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen presentó el principal pilar del programa Next Generation EU (NGEU), el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con un montante de 672.500 millones de euros (360.000 millones en préstamos y 312.500 millones en transferencias no reembolsables). La mayor parte de las transferencias de NGEU asignadas al estado español (72.000 millones de euros) vendrán de la mano de este mecanismo. No obstante, acceder a estos fondos está sujeto a una alta condicionalidad.
Para poder optar a la financiación del MRR, la Comisión Europea ha propuesto una guía donde se detallan los aspectos fundamentales que deben tener los planes de recuperación y resiliencia de cada país.
El primero de ellos es el destino de los fondos. Los Estados no podrán derivar la financiación a aquellas áreas que crean prioritarias, como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales. La Comisión Europea ha propuesto 7 áreas en las que los países deberán invertir, y que guardan relación con los proyectos estratégicos de la UE desde hace varios años. Proyectos vinculados a la transición ecológica o la digitalización, como por ejemplo el uso de tecnologías limpias y renovables, banda ancha y 5G, digitalización de la administración pública o transporte sostenible. Por lo menos un 57% de los proyectos tienen que ir destinados a estas áreas, por lo que las beneficiadas de los fondos van a ser las grandes empresas y multinacionales vinculadas a esos sectores.
Otro aspecto fundamental es el tipo de reformas que tendrán que llevar a cabo aquellos países que opten a los fondos. La Comisión ha señalado que el MRR y el Semestre Europeo están intrínsecamente conectados y, si bien el Pacto de Estabilidad Presupuestaria estará suspendido para el año 2021, los proyectos deberán incorporar las recomendaciones del Semestre Europeo de los años 2019 y 2020. En el caso del Estado español por ejemplo, pasan por preservar el sostenimiento del sistema de pensiones, del mercado laboral y desarrollar políticas fiscales que permitan un equilibrio presupuestario a medio plazo, siempre orientadas al recorte del gasto público.
Otro de los grandes retos a los que se tendrán que enfrentar los países es la complejidad a la hora de diseñar los planes. Todo plan tiene que ir definido por unos objetivos y metas concretas, marcando hitos temporales que deben cumplirse estrictamente. La no consecución de lo anterior puede traer consigo la devolución de los fondos, lo que podría suponer un duro golpe para las economías de los países solicitantes.
Además, la financiación en el mejor de los casos llegaría en el primer semestre de 2021, pero los posiciones encontradas en el Consejo y Parlamento Europeo hacen prever que no llegará hasta el segundo semestre de 2021.
El ejecutivo de Pedro Sánchez no lo va a tener fácil, ya que tendrá que desarrollar proyectos por valor de 140.000 millones de euros y presentar los primeros borradores antes del 15 de este mes. Esta semana se darán a conocer los planes del Gobierno. No obstante, el primero en mandarle sus propuestas ha sido el lehendakari Iñigo Urkullu. Hace unos días se filtraba un cuadro con los proyectos con los que el Gobierno Vasco pretende obtener financiación de los fondos europeos, por un total de 10.228 millones de euros para el periodo 2020-2024. Entre los proyectos, destacan la ejecución de varias obras del TAV (2.712 millones) y proyectos tractores público-privados que pondrán dinero público en manos de grandes empresas como Iberdrola o Petronor por valor de 2.000 millones.
En una situación extraordinaria como la que estamos viviendo es inadmisible que se destinen recursos públicos a proyectos privados y a modelos que distan mucho de abogar por una transición ecológica y justa.