¿Transferencia de la gestión económica de la seguridad social o realización de estudios sobre la materia?

Remontémonos a hace un año. El Gobierno de Sánchez prometió que en marzo de ese año se haría efectivo el traspaso de las competencias de legislación sobre productos farmacéuticos, el seguro escolar y las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Finalmente no ocurrió, se incumplió lo acordado. El próximo 16 de marzo de 2020 se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias, y supuestamente se harán efectivas las transferencias de las citadas materias, que forman el primer bloque del “Calendario orientativo” de transferencias que ha elaborado el gobierno de Pedro Sánchez.

El calendario fija otros tres bloques de transferencias, el segundo bloque (en este entra la gestión de centros penitenciarios, entre otros) se hará en el segundo semestre del 2020, y el tercero y cuarto en 2021 (materias como crédito y banca, hidrocarburos, sector público estatal, aeropuertos, inmigración, etc.), en el primer y segundo semestre respectivamente. El último bloque, versará única y literalmente sobre “iniciar los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social”.

Nada más conocerse la noticia, dirigentes del PNV calificaron la noticia como “histórica”, dijeron que marcaba un antes y un después de cara a la consecución del Estatuto.

Hemos debido de leer y analizar cronogramas distintos. No hay ningún acuerdo real ni firme de transferencia alguna a día de hoy (tan solo un calendario elaborado de manera unilateral por el gobierno español, aunque parece que el Gobierno Vasco lo da por bueno).

Y menos aún, en lo referente a la gestión económica de la Seguridad Social. Lo único que hay es una “voluntad” de “iniciar los estudios para el examen de materias”, frase de la que desde luego no se desprende ningún compromiso de transferir nada.

Resulta difícil creer que si se ha necesitado un año, para hacer efectivas las transferencias sobre productos farmacéuticos, el seguro escolar y las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, en cosa de seis meses se estudie y resuelva una materia tan controvertida.

Aún y con todo, no olvidemos que se transferiría, en su caso, la gestión, esto es, no se tendrá competencia alguna para decidir políticas, todo se regirá dentro del marco establecido en el estado español.

Este tema, abre el debate eterno de la caja única. El Gobierno Vasco ha renunciado explícitamente a la gestión de las cotizaciones y al pago de las prestaciones, realizando una dejación competencial respecto a su posición histórica. ¿Qué es la gestión de la Seguridad Social si no es recaudar y pagar?. Basándonos en el argumento anterior y en experiencias pasadas (al igual que ocurrió con las políticas activas de empleo, la transferencia se limitaría, en el mejor de los casos, a cambiar los rótulos de las oficinas, poco más), ese debate tiene un recorrido muy corto. Una vez más, en cuanto a autonomía y capacidad de decisión, todo seguirá igual.

Vista la actitud del Gobierno Vasco en la defensa de la consecución plena del Estatuto, resulta curioso que en aquello que sí tienen competencia plena, porque sí la tienen, como en establecer un complemento de pensiones a 1.080 euros, no la quieran ejecutar.