Falta de previsión en el desalojo de la Residencia Igurko
Además de una falta de sensibilidad hacia nuestros mayores, los familiares se han enterado del desalojo por los propios residentes ya que los gestores de la residencia no se han puesto en contacto con ellos, y han debido acudir a por ellos o en su defecto serán trasladados a otras residencias de modo inmediato.
Es una demostración, que está quedando absolutamente en evidencia en esta crisis, de que los mayores no son una prioridad para este Gobierno. En ELA lo tenemos muy claro desde hace años; ahí están los conflictos que hemos mantenido para dignificar las condiciones de trabajadoras y garantizar una calidad asistencial digna a las y los usuarios/as; ejemplos claros de ello son los conflictos en las residencias de Araba (Ariznavarra, Goizalde…), Bizkaia y Gipuzkoa aún pendiente de resolución tras más de 250 días de huelga.
No nos sorprende nada, pero nos sigue indignando, como hace 18 años cuando se construyó la Residencia de Ariznavarra. ELA denuncia esta decisión por lo que significa para las personas mayores desplazadas sin miramientos y porque hay otros equipamientos que podrían y deberían haber sido utilizados antes.
Si para algo debe servirnos esta decisión es para reforzarnos en nuestras convicciones: hay que garantizar una sanidad pública suficiente, capaz de dar respuesta a situaciones de crisis como la actual, para lo cual es imprescindible aumentar de modo significativo la dotación de sanidad, en lugar de recortarla, como viene haciendo el Gobierno Vasco sistemáticamente desde hace años. Más allá de la propagada los datos no dejan lugar a dudas, el Gasto en salud en la CAPV es del 4,78 % muy por debajo del presupuesto del Estado español 6 % del PIB en salud y de Europa- 27 que es del 7 % del PIB.
La misma reflexión nos vale para la atención residencial a nuestros mayores. La falta de personal y las enormes cargas de trabajo que padecen son estructurales y son consecuencia de unos ratios de atención directa/ persona usuaria claramente insuficientes, y son el resultado de Decretos y Ordenes Forales impulsadas por el Gobierno Vasco y las Diputaciones que buscan más el beneficio empresarial y el negocio que unas condiciones dignas para las trabajadoras así como una calidad asistencial adecuada a las personas mayores.
Esta crisis está dejando absolutamente en evidencia la grave situación que vive el sector de los cuidados. ELA exige, en este momento más que nunca, a las administraciones plazas públicas para todas las personas mayores, con atención adecuada, prestada por personal suficiente y con condiciones laborales dignas (las que existen en la actualidad en las residencias privadas no lo son). Esto pasa por dedicar partidas presupuestarias muy superiores a las actuales para ello.