El Tribunal Constitucional señala que la orden del Gobierno vasco de abonar la paga extra de 2012 es legal

En 2012, de acuerdo con la política de recortes emprendida por Zapatero, el Gobierno del PP aprobó el real decreto 20/2012. Este decreto estableció, entre otros recortes aplicados a trabajadores-as y servicios públicos, la prohibición de abonar la paga extra de diciembre.

En aquel momento, en contra de la normativa estatal, el Gobierno Vasco (que estaba en manos del PSE) decidió abonar esa paga a los trabajadores y trabajadoras públicos vascos, y dio la orden en ese sentido. Algunos trabajadores y trabajadoras cobraron la paga, aunque luego se les pidió su devolución, tal como hizo la mayoría.

El abogado del estado recurrió la orden del Gobierno Vasco ante el Constitucional, argumentando que la competencia para decidir sobre la cuestión correspondía al Estado y no al Gobierno de Lakua.

Desde entonces el Gobierno Vasco ha solicitado públicamente repetidas veces al Tribunal Constitucional que emitiese una sentencia, denunciando la incertidumbre que atravesaban miles de trabajadores y trabajadoras públicos vascos, y reivindicando sus competencias y la capacidad de autogobierno.

Sin embargo, pese a estas declaraciones, cuando el propio Gobierno español ha dado opción de retirar determinados recortes, el Gobierno Vasco ha seguido aplicándolos; la paga de 2012 es uno de ellos, junto con las aportaciones a Itzarri y los días por antigüedad de 2015. Actualmente el Gobierno Vasco sigue adeudando la mitad de la paga de diciembre a sus casi 80.000 empleados y empleadas públicas.

Transcurridos cuatro largos años, el Constitucional ha sentenciado este conflicto de competencias. Según el fallo del TC, la decisión sobre la paga extra de 2012 competía al Estado, pero hoy ya no existen obstáculos legales para devolver la paga completa, ya que el Estado levantó la prohibición a partir de la ley de presupuestos de 2016; en consecuencia, la decisión del Gobierno Vasco de satisfacer la paga de 2012 no es anulada por el Constitucional.

Esta sentencia evidencia que si el Gobierno Vasco sigue aplicando recortes es porque está de acuerdo con ellos, y no porque nadie lo fuerce a ello.

ELA exige al Gobierno Vasco que abone la paga extra de 2012 a todos los trabajadores y trabajadoras públicos vascos; que deje sin efecto los demás recortes, y que, en adelante, se aleje de estas políticas restrictivas y aplique políticas favorables a los servicios y empleados públicos.

Si el Gobierno Vasco no da inmediatamente la orden de abonar la paga extra de 2012 tendremos que acudir a los tribunales; ELA pondrá en marcha sus servicios jurídicos para que empleadas y empleados públicos defiendan sus derechos también por la vía judicial.