La administración del Estado continúa sin dar pasos un mes después de que comenzara la huelga indefinida

Los sindicatos afirman que lejos de mostrar voluntad para resolver el conflicto y poner así fin a la huelga, la administración del Estado sólo trata de obstaculizarla imponiendo servicios mínimos “abusivos e injustificados que además no son rotatorios y equitativos, esquirolaje empresarial, presiones y chantajes para debilitar el seguimiento de la huelga”. Todo esto pone de manifiesto, subrayan, la incapacidad de los responsables de inspección de pesca en el Estado para resolver una situación que supera el mero conflicto laboral, “pues cada vez más se está convirtiendo en un problema socioeconómico, ambiental y sanitario”.

CCOO y ELA aseguran que el seguimiento de la huelga ha sido muy elevado, “a pesar de las artimañas por parte de la Administración para desactivarla”. Y las consecuencias de la huelga, añaden, ya se están notando y preocupan al sector pesquero. Aseguran que en todo el Cantábrico, y en particular en los puertos del País Vasco, la falta de control en los puertos en plena campaña de caballa y anchoa ya está provocando la entrada de pescado ilegal que perjudica a los que cumplen las normas. Y también peligra la operativa de la granja piloto de engorde de atún rojo de Getaria. La menor presencia de inspectores e inspectoras en puerto se traduce en una reducción del número de actas que ronda el 25% y de las presuntas infracciones detectadas, en un 35%.

En este primer mes de huelga se han numerosas concentraciones en puertos, sede de las administraciones... para visibilizar la problemática de los y las inspectoras de pesca en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en los puertos más emblemáticos de cada provincia, como en Vigo, frente a la Agencia Europea del Control de la Pesca y en Madrid, frente a los Ministerios de Agricultura y Pesca, la Secretaría General de Pesca, y el Ministerio de Política Territorial.