ELA apoya la lucha de las comunidades pesqueras peruanas frente a Repsol
Los pescadores artesanales de los distritos afectados por el derrame de petroleo del 15 de enero de 2022 están en pie de guerra. Exigen a Repsol y al Estado peruano justicia ambiental para el mar contaminado y atención para a las demandas socioeconómicas justas que están haciendo.
Las comunidades pesqueras denuncian que les han dejado sin trabajo y con una economía destrozada. Exigen una reparación justa de las personas y del ecosistemas, y piden garantías mínimas para que se respeten los derechos fundamentales y los derechos ambientales. Dicen que “no puede ser que una multinacional venga de un país ajeno, extraiga recursos, refine y no asuma los daños provocados cuando pasa algo así".
Por ello exigen:
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Que se garantice la correcta rehabilitación y repoblamiento del mar con la participación de los pescadores y pescadoras artesanales.
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Que Repsol detenga la campaña de desinformación destinada a limpiar su imagen y que se dedique a limpiar, rehabilitar y repoblar el mar.
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Que Repsol garantice el derecho de los pescadores artesanales a ser compensados hasta que el mar se encuentre debidamente rehabilitado y repoblado.
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Que Repsol cese el acoso y hostigamiento a los pescadores y pescadoras para hacerlos firmar transacciones extrajudiciales con términos engañosos y lesivos a sus derechos
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Que Repsol acepte la instalación de la mesa de dialogo, con intervención de la defensoría del pueblo y entes garantes de los derechos humanos para acordar una reparación integral y justa a favor de los pescadores y pescadoras artesanales afectadas.
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Que Repsol continúe abonando los adelantos de compensación hasta que se acuerde una reparación integral y justa a través de la mesa de dialogo.
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Que Repsol acepte la inclusión en el padrón único de afectados a los pescadores y pescadoras que no han sodio empadronados ni compensados hasta la fecha.
ELA quiere mostrar su solidaridad con las miles de personas trabajadoras afectadas por la irresponsabilidad de Repsol y de los estados español y peruano, y exige que las demandas justas de la comunidad sean resueltas.