La nueva Ley de Residuos y Economía Circular no es la panacea, pero va en la buena dirección

Esta Ley esta basada en la jerarquía de tratamiento de residuos que establece la Directiva 2008/98/CE sobre residuos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valorización (incluida la energética), y la eliminación. Establece que las autoridades competentes deberán usar instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de dicha jerarquía. Además, propone una relación de medidas para conseguir este objetivo. Medidas que hasta ahora se ponían en entredicho desde algunas instituciones de nuestro entorno: los sistemas de pago por generación, sistemas de depósito y devolución, supresión de subvenciones que no son compatibles con la jerarquía de residuos, incentivos económicos para fomentar la prevención de residuos, medidas fiscales para promover la utilización de materiales preparados para su reutilización y reciclado, etc.

Los objetivos marcados en cuanto a la gestión de residuos son los siguientes:

• Reducir para 2025 el 10% de los residuos generados en 2010. Para el 2030, el 15%.
• Las grandes superficies comerciales deberán ofrecer el 20% de su superficie a productos sin embalaje a granel o con envases reutilizables.
• Los residuos se recogerán de manera separada y no se mezclarán con otro tipo de residuos. Entre todos los modelos de recogida se tendrán que priorizar los más eficientes.
• Las entidades locales o mancomunidades, para facilitar la reutilización y reciclaje de calidad establecerán la recogida selectiva de bioresiduos, papel, metales, plásticos, vidrio, textiles, aceite de cocina usado, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. En todos los municipios para antes del 31 de diciembre del 2024.
• El compostaje doméstico y comunitario también se entenderá como recogida selectiva.
• Para el 2035 el porcentaje de residuos municipales recogidos selectivamente será como mínimo del 50%.
• Para el 2025 se preparará para la reutilización y reciclado el 55% de los residuos municipales. Para el 2030 el 60%. Y para el 2035 el 65%.
• Se prohíbe la incineración, con o sin valorización energética y el deposito en vertedero de los residuos separados para su reparación o reciclado. Se destinarán a otro tipo de valorización disponible.
• Los residuos susceptibles de ser reparados para la reutilización o reciclados no podrán destinarse a incineración, con o sin valorización energética.
• Los residuos deben ser tratados antes de llevarlos a vertedero.
• Se establecen tasas de vertedero, incineración y valorización de 40€, 20€ y 15€ por tonelada respectivamente para residuos municipales.

Otra área prioritaria de intervención de esta ley son los plásticos . Estos son los objetivos y medidas especificas para reducir su uso:

• Para los plásticos de un solo uso, para el 2030 una reducción del 70% en peso con respecto a 2022.
• Para las botellas de plástico, para el 2029 recogida separada del 90% del peso introducido en el mercado. Y si no se consigue el objetivo del 85% para el 2027 se tendrán que instalar sistemas de devolución y retorno para garantizar cumplir con el objetivo de 2029.
• Se establece un impuesto especial para los plásticos no reutilizables de 0,45€ por kilogramo.

Los costes de la gestión de residuos, según esta ley y de acuerdo con el principio “quien contamina paga”, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular a los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial del residuo, por el poseedor actual o por el anterior poseedor. Estos costes se sufragarán mediante la responsabilidad ampliada del productor o mediante tasas.

Aunque esta Ley no es la que ELA quisiera, vemos avances en la buena dirección, sobre todo en cerrar la vía a interpretaciones ambiguas de la jerarquía de la gestión de residuos en cuanto a la valorización, incineración y eliminación, que daban pie a practicas de dudosa legalidad. También vemos positivo que una ley recoja propuestas de medidas para incentivar la aplicación correcta de la jerarquía y medidas que hasta ahora eran rechazadas por muchas de las mancomunidades que gestionan nuestros residuos. Los defensores de las incineradoras tienen ahora más difícil vender la sostenibilidad de semejantes infraestructuras inútiles.