No a la incineración en Gipuzkoa, ni en ningún otro lugar

Las razones dadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa para tomar esta decisión son varias, pero ninguna es admisible. Ante estos hechos y estas declaraciones no nos podemos callar. Este artículo tiene como objetivo explicar la denuncia que ELA ya ha hecho en los medios de comunicación anteriormente.

Primero, una de las excusas más utilizadas en la última década, la dependencia que tiene Gipuzkoa de otros territorios para tratar sus residuos. Una situación muy grave según la Diputación. Para ELA, en cambio, depender de otro territorio para tratar residuos no es nada grave, y mucho menos lo más grave de esta situación. Lo más grave es que se lleven los residuos a una incineradora para quemarlos. Da igual de dónde sea la incineradora, las incineradoras no son admisibles en ningún sitio.

Por otro lado, la responsabilidad de no poder tratar los residuos en Gipuzkoa es del que paralizó las plantas de tratamiento, es decir, del Gobierno Foral formado por PNV y PSE. Gipuzkoa ya tenía un plan para construir plantas de tratamiento para todas las fracciones de residuos, y lo paralizaron para construir la incineradora. O, como lo llama el Gobierno Foral, el Complejo Medio Ambiental de Gipuzkoa.

Detrás de todo esto esta la actitud del PNV y PSE de construir la incineradora cueste lo que cueste, ese es su principal interés, no el reducir la dependencia o garantizar la sostenibilidad, la prioridad es hacer negocio.

Mientras las dos Diputaciones Forales han estado negociando como tratar los residuos, han hecho unas declaraciones dignas de analizar. Se puede pensar oyéndoles que el modelo de gestión de residuos en Bizkaia es una buena referencia para otros territorios. Nada más lejos de la realidad. La base para una tasa de reciclaje aceptable y una gestión de residuos verdaderamente sostenible es la recogida selectiva de los residuos. Si reparamos en los datos de cada territorio, veremos cuál es la situación de cada uno. En 2017 Gipuzkoa recogió selectivamente el 53% de sus residuos, mientras que en Bizkaia se recogía el 44%a. Ambas son tasas muy por debajo de lo admisible. Sin embargo, tenemos en Gipuzkoa modelos de gestión que sí son referencias para el resto. En 2017 en la comarca de Debagoiena recogió selectivamente el 79% de sus residuos. Éste sí que es un modelo a tener en cuenta, que obliga a separar los residuos. Como siempre hemos afirmado, la clave está en la obligatoriedad. Es lo que hace posible una tasa de reciclaje verdaderamente aceptable, y no el poner un quinto contenedor en la calle para los residuos orgánicos (la fracción de residuo que más se genera), por si a alguien le apetece utilizarlo.

El cumplimiento de la legislación europea también se ha utilizado como excusa muchas veces, sobre todo a la hora de justificar la incineradora. Tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia a la incineración de residuos le llaman valorización energética, porque al quemar los residuos se genera energía y así lo denomina la legislación europea. Pero lo que se hace en Zabalgarbi no es valorización energética, ya que se utiliza gas natural para quemar los residuos y para generar energía, de modo que la energía generada no proviene de los residuos sino del gas. Por muchas trampas que hagan, esto no es valorización. Es más, la energía proveniente del gas no es energía renovable. Así que Zabalgarbi va doblemente en contra del medio ambiente, primero por quemar y reducir a ceniza tóxica residuos que se pueden reutilizar, y segundo por generar energía no renovable mediante gas natural. Así que si no es valorización es incineración, y las incineradoras y los vertederos están a un mismo nivel en la jerarquía de residuos, de modo que las incineradoras no tienen prioridad sobre los vertederos como nos han querido hacer ver. Otra exigencia de la legislación europea es recoger toda la materia orgánica separada, y esto no se hace en todo el territorio de Gipuzkoa y Bizkaia. Y por último, el incumplimiento más grave: todos los residuos que se derivan a vertedero o incineradora se tienen que tratar previamente. Y ¿cómo se hará esto si el mismo Gobierno Foral paralizó todas las plantas de tratamiento? Que no pongan como excusa la legislación europea porque son las Diputaciones las primeras que no lo cumplen.

ELA tiene una alternativa frente a este modelo de gestión perjudicial. Primero, una gestión de residuos con el objetivo Residuo Cero o Zero Zabor. Es decir, reciclar todo lo posible y dar una salida que no sea valorización ni incineración al resto (vertederos no tóxicos, rediseñar productos, ...). Y por supuesto, no a las incineradoras, ni en Gipuzkoa ni en ningún otro lugar. La ciudadanía debe consumir de manera sostenible. Tenemos la responsabilidad de reutilizar y reciclar más, pero son las políticas públicas que llevan a cabo nuestras instituciones las que más condicionan el cumplimiento de los objetivos. Si hacer negocio es el principal objetivo, nunca conseguiremos alcanzar el objetivo Residuo Cero. Porque nunca pondrán suficientes recursos para ello, y además nos pondrán obstáculos en el camino. Es justo lo que está pasando en Gipuzkoa y Bizkaia.

Pero hay lugares en nuestro entorno, que teniendo la misma realidad, están llevando a cabo un modelo de gestión de residuos diferente. La Ley de Residuos recientemente aprobada en Navarra es un claro ejemplo. Con la realidad que tenemos en Euskal Herria, con el modelo de consumo y producción que tenemos, es posible llevar a cabo otro modelo de gestión de residuos. Aunque todavía no podemos disponer de datos reales, podemos afirmar que las medidas que se han tomado son a favor de la sostenibilidad. Entre las medidas aprobadas están la obligatoriedad de separar los residuos orgánicos, la prohibición de facilitar bolsas de plástico de manera gratuita, la prohibición de vender vasos, platos, cápsulas monodosis y parecidos de un solo uso, ofrecer agua del grifo de manera gratuita en la hosteleria, impulsar la compra verde en la administración pública,... En cuanto a la fiscalidad, para financiar este nuevo modelo de gestión se deberá pagar un impuesto por cada tonelada llevada a vertedero o incineradora, y también por el residuo que es transportado.

La Ley de Residuos aprobada por el Parlamento Navarro es un avance, y el resto de territorios la deberían tener como referencia. Demuestra que son posibles otros modelos de gestión de residuos.