Organizaciones ecologistas y sindicales presentamos propuestas concretas para la transición ecológica

22/06/2021
Siete organizaciones sociales y sindicales, hemos presentado medidas específicas para la transición ecológica real que se necesita y el número de empleos que podrían crearse llevándola a cabo. La asociación Ecologistas en Acción, los sindicatos ELA, ESK, IAC, LAB y MATS y el partido Antikapitalistas hemos sido los impulsores del informe.

 

En este informe se analiza la situación del empleo en el marco de la actual crisis ecosocialista. Se hacen propuestas concretas para una transición distinta a la transición ecológica que se defiende en la primera Ley de Cambio Climático aprobada el pasado mayo. El mantenimiento del empleo no debe ponerse en contra del reto ecológico, porque aunque desaparezcan algunos empleos, habrá que sustituirlos por otros que sean necesarios. Asimismo, el estudio explica la necesidad de llevar a cabo soluciones ecosocialistas y democráticas frente a alternativas ecosocialistas que discriminan a los sectores de la sociedad con menos recursos.

En materia energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 para la transición ecológica no es suficiente para alcanzar una economía de emisiones cero. Frente a este plan, se propone cerrar nucleares y térmicas y no aumentar la potencia eléctrica instalada, sino ir sustituyendo por renovables. Como la energía solar térmica o la biomasa, la construcción de sistemas de almacenamiento y la reducción significativa del consumo en todos los sectores y, especialmente, en los más dependientes de los combustibles fósiles. En cuanto a los empleos, se crearían entre 500.000 y 750.000 empleos directos en el estado, incluidos los 100.000 puestos de trabajo generados en el desmantelamiento de las nucleares.

El segundo eje central del informe es la automoción, especialmente importante tras la crisis del Covid y sus repercusiones en la venta de vehículos para el sector. Se propone pasar de la producción del vehículo privado a la producción de vehículos colectivos y reducir la jornada laboral para repartir el trabajo de forma más equitativa. El objetivo es pasar de la cultura de la tenencia del vehículo en propiedad, a ser un servicio. La administración pública debe apostar por un parque público de vehículos compartidos para no perder ni un solo puesto de trabajo. Por último, la reconversión del modelo energético del sector en otro renovable supondría la creación de 110.800 puestos de trabajo a nivel estatal.

Otro eje se basa en la gestión de los bosques, ya que la masa forestal es una de las formas más eficaces de retener carbono en la tierra y su mantenimiento puede generar casi 70.000 puestos de trabajo en el estado. En la gestión de residuos urbanos, el volumen de empleo generado sería de 41.895 puestos de trabajo. En cuanto al turismo, proponemos establecer tasas turísticas para la sostenibilidad. Estas tasas deben ser finalistas, pero hay que distinguir entre los consumos excesivos de lujo y los consumos más bajos. Además, hay que apostar por la promoción de un turismo sostenible, de proximidad y de larga estancia. Esta apuesta va a generar más puestos de trabajo que el modelo insostenible, porque el transporte público, el reciclaje y la energía renovable exigen más trabajo que realizan las personas, que los modelos opuestos insostenibles.

Todas las medidas presentadas necesitan inversiones, que deben salir de los altos porcentajes de presupuestos públicos que ahora se destinan a infraestructuras turísticas, transportes o finanzas privadas. Asimismo, el informe explica que esta inversión deberá ir acompañada de una reforma fiscal que afecte a sectores privilegiados de la sociedad, tanto por justicia económica como por medio ambiente. También hay que elaborar un plan de nacionalización de sectores estratégicos. Todo esto junto con los procesos de democratización de los ámbitos laborales para dotar a los trabajadores y trabajadoras de mayor capacidad de decisión. Esto no significa que toda la actividad deba estar en manos públicas, pero hay sectores que deben tener propiedad común, ya que toda la sociedad tiene legitimidad para decidir sobre ámbitos estratégicos como el suministro energético o el derecho a la vivienda. Otras en cambio se pueden organizar como cooperativas y a través de otros mecanismos organizativos a pequeña escala.

 

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