Zaldibar o el fraude en la gestión de la basura #ZaldibarArgitu #Landeia
El vertedero de Zaldibar, gestionado por la empresa Verter Recicling, se desplomó la tarde del 6 de febrero, y dos trabajadores continúan desaparecidos. La gestión del vertedero, según se ha sabido las semanas posteriores al suceso, era y es desastrosa; tanto, que no han podido ocultarlo como en otros casos similares. Sin embargo, todavía solo hemos visto la punta del iceberg. Lo sucedido en Zaldibar es de una gravedad extrema y absolutamente inaceptable, y la ciudadanía tiene —tenemos— derecho a saber qué ha pasado y a exigir responsabilidades a los responsables. Ese fue uno de los motivos por los que una delegación de ELA se desplazó al vertedero de Zaldibar el 24 de febrero.
Queríamos, en primer lugar, recordar a los trabajadores desaparecidos y transmitir a sus familiares y allegados la solidaridad de nuestro sindicato. El Gobierno Vasco, mientras tanto, dejó bien claro que su principal prioridad no era la búsqueda de los desaparecidos, y así lo denunciaron las familias de estos. La prioridad del Gobierno Vasco fue la reapertura de la autopista A8, y no informó de la gravedad de la situación hasta haber alcanzado dicho objetivo. Los empleados de los servicios de emergencias trabajaron durante muchas horas sin protección alguna, y no se les dijo que había amianto en el vertedero hasta que se reabrió la autopista. Posteriormente, se decidió paralizar los trabajos de búsqueda hasta adoptar medidas de seguridad. Fue entonces cuando saltaron todas las alarmas, cuando empezamos a saber qué tipo de residuos había en el vertedero.
Vertidos sin control
Además del amianto, se han vertido en Zaldibar otros residuos peligrosos, pese a no contar con los permisos pertinentes. Verter Recycling contaba con autorización para depositar residuos inertes, residuos industriales no peligrosos (sin carga orgánica) y amianto aglomerado. Pero estos últimos años se ha vertido de todo. El testimonio de un antiguo trabajador del vertedero pone los pelos de punta: el amianto se depositaba sin ningún tratamiento previo y sin adoptar medidas de seguridad; los residuos se vertían directamente, sin aplicárseles el tratamiento adecuado; se depositaba cualquier tipo de residuo, sin ningún control y en cantidades superiores a las que permiten las normativas… Se han traído aquí residuos que no aceptaban los vertederos franceses, residuos reciclables de los garbigunes… Y, para colmo, todo ello se hacía sin utilizar ningún equipamiento de seguridad. Además, el vertedero ocupaba una superficie mayor que la permitida, y no se trataban los residuos de manera que se estabilizara la ladera del monte.
La inspección medioambiental de 2019 detectó 23 deficiencias, todas ellas sin subsanar aún el día del desprendimiento. Sin embargo, hasta la fecha no se ha abierto expediente disciplinario a la empresa. Y si se abre ahora, ya es demasiado tarde: el daño causado es irreparable.
Mientras tanto, la gestión de este terrible suceso por parte del Gobierno Vasco ha sido nefasta. Desde el primer día, no se ha informado al vecindario de las poblaciones próximas al vertedero, y las primeras explicaciones se han dado tras los resultados negativos de las mediciones de la calidad del aire y cuando la ciudadanía ha comenzado a movilizarse. Explicaciones, por cierto, muy insuficientes y que demuestran bien a las claras que nuestros gobernantes tienen prioridades más urgentes que la salud de la población.
Por una parte, tras las recomendaciones publicadas (no abrir ventanas, no practicar deportes al aire libre, que embarazadas y lactantes se alejen de la zona…), quienes trabajan buscando a los dos desaparecidos y apagando los incendios del vertedero deben adoptar medidas específicas de protección de las vías respiratorias. Pero las instituciones públicas no han adoptado ningún protocolo para proteger a quienes están trabajando en el vertedero. Además, cuando la población de las localidades próximas ha denunciado que padece problemas de salud (dolor de garganta, picor en los ojos, etc.), se le ha acusado de difundir falsas alarmas.
También ha sido lamentable la respuesta de los máximos responsables del Gobierno Vasco: ha transcurrido más de una semana para cuando el consejero de Medio Ambiente y el lehendakari se han dignado presentarse ante la opinión pública, y su comparecencia en el Parlamento Vasco tuvo más de justificación de su inaceptable comportamiento y mala gestión que de información sobre lo sucedido. Y, mientras tanto, se ha querido imponer la ley del silencio a los trabajadores del Departamento de Medio Ambiente, mediante amenazas.
Las evidentes carencias de la inspección
El Departamento de Medio Ambiente es el encargado del control y de la supervisión del vertedero de Zaldibar, pero, en todas las comparecencias realizadas a lo largo de estas semanas, ha intentado traspasar toda la responsabilidad a la empresa. No olvidemos que, pese a que la titularidad del vertedero es privada, la licencia de actividad se la otorgó el Departamento de Medio Ambiente en el 2007, mediante la Autorización Medioambiental Integrada, y que las graves deficiencias detectadas —la falta de control y la lamentable supervisión— son responsabilidad del Departamento. Es evidente que la empresa no actuó bien, pero no habría contado con licencia de actividad si la inspección hubiera funcionado correctamente. La falta de control del Departamento de Medio Ambiente ha permitido a la empresa anteponer los beneficios a cualquier otra consideración. El resultado: dos desaparecidos, irreparables perjuicios al medio ambiente y graves daños a la salud de la población. Y, sí, el Gobierno Vasco es el principal responsable.
La falta de control del Departamento de Medio Ambiente ha sido manifiesta en el caso de Zaldibar, lo que nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿cuántas actividades contaminantes sin control alguno se llevan a cabo en nuestro entorno? ¿Cuántos residuos producimos, y dónde acaban? ¿Cuántos vertederos reciben residuos no autorizados? ¿Cómo se gestionan los residuos industriales peligrosos?
De los 15 vertederos existentes en la CAV, ocho admiten residuos peligrosos, pero no sabemos cómo se gestionan. ELA lleva años solicitando información sobre actividades contaminantes y sus correspondientes inspecciones al Departamento de Medio Ambiente, pero jamás se han dignado contestarnos.
La información sobre actividades con materiales tóxicos y residuos peligrosos es fundamental para que los sindicatos podamos defender las condiciones de vida de los trabajadores de los vertederos y de la población próxima a estos, pero el Gobierno Vasco siempre nos la ha negado. Ahora sabemos por qué.
La falta de transparencia en este tema oculta un agujero muy negro, y sospechamos que el descontrol de Zaldibar no es sino un ejemplo más de dicha oscuridad. Actividades tan peligrosas como las citadas precisan de un riguroso control público para que no queden en manos de empresas privadas y de su insaciable codicia, pero la realidad circula en sentido contrario: de todos los vertederos de la CAV, solo cinco son de gestión pública. ¿Cuántos más habrá, similares al de Zaldibar? Muchas preguntas, pero pocas respuestas.