Concentración para denunciar los más de 20.000 trabajadores y trabajadoras navarras obligadas a realizar trabajos esclavos durante el franquismo

En el caso de Navarra, se cuentan 21.448 trabajadores forzados, la mitad de los cuales participaron en la construcción de fortificaciones de frontera y carreteras de montaña en Baztán-Bidasoa o Erronkari, y que a su vez representaban el 50% de empleados en la construcción. La construcción de infraestructuras ferroviarias absorbió también una gran cantidad de mano de obra forzada en las líneas Altsasu-Gasteiz y Castejón-Zuera. El Estado franquista y sus diferentes instituciones fueron la principales beneficiarias en cuanto a la extracción de plusvalías derivadas del trabajo esclavo, ya fuera el propio Ejército o RENFE, tras la nacionalización del sector.
Ante la futura Ley de Memoria Democrática, ELA, LAB, Steilas, ESK, HIRU, CGT y EHNE:
- Reclaman VERDAD; que el gobierno español aporte toda la documentación relativa a centros de trabajo, obras realizadas y personal que realizó trabajos forzados.
- Reclaman JUSTICIA para el conjunto de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, imprescriptibles e inadmisibles, incluidas la muertes por hambre, ajusticiamiento, extenuación o accidentes.
- Reclaman REPARACIÓN. La reparación del daño causado a las víctimas del trabajo esclavo y sus familiares implica el reconocimiento público por parte del Estado del crimen cometido, acompañada de una política de memoria sobre el espacio público que lleve a identificar como lugares de memoria los espacios en los que se desarrolló el trabajo esclavo, así como una difusión de los mismos entre la ciudadanía. La reparación implicaría también la compensación, por parte del Estado y las empresas beneficiarias, a las víctimas directas del trabajo esclavo y sus familiares, tal y como se realizó en Alemania.
En opinión de estos sindicatos, la nueva ley de memoria debe basarse en estos tres pilares, que son aquellos que han venido defendiendo las asociaciones memorialistas. “No vamos a aceptar tampoco las posturas revisionistas sobre el franquismo ni sobre sus élites, que pretenden limpiar de carga criminal al régimen franquista, sus políticas económicas fallidas, ni la represión y eliminación física sistemática de los y las no adeptas practicada a partir del Golpe de Estado de julio de 1936”, han asegurado.