El Gobierno de Navarra usa la privatización de su red informática para recortar salarios y precarizar condiciones

ELA ha denunciado que la Dirección de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra está utilizando la privatización de sus servicios informáticos como herramienta para recortar salarios y precarizar las condiciones laborales. ELA lleva meses denunciando esta práctica y, tras advertirlo a la dirección, presentó varias denuncias judiciales por cesión ilegal de trabajadores: las dos sentencias que han salido han dado la razón a ELA.

Desde hace años, el Gobierno de Navarra adjudica a empresas privadas (en este caso a Computadores Navarra, Conasa)  el soporte técnico de su red informática, un recurso muy sensible con datos confidenciales que quedan bajo el control de compañías con intereses particulares, y sin control público. Además, los pliegos de esos concursos prohibían expresamente que esos trabajos se subcontrararan a terceras empresas. Sin embargo, Conasa cedió ilegalmente parte de sus tareas a Micronavarra -con el visto bueno del Gobierno- con el único fin de recortar salarios, incluso de 15.800 euros anuales en algunos casos. Además, al menos una trabajadora de esta empresa cobra menos que sus compañeros, en un claro caso de brecha salarial de género que ELA ya ha denunciado ante el Gobierno.

ELA se reunió en septiembre con la Dirección de Telecomunicaciones para denunciar estas prácticas, y lejos de corregirlas, el Gobierno de Navarra convocó el nuevo concurso para seguir privatizando el servicio, y además legalizando para próximos años la subcontratación a terceros, en una deliberada apuesta por la precarización laboral. Así las cosas, ELA presentó las demandas por cesión ilegal de trabajadores.

Por todo ello, ELA denuncia el abuso en la subcontratación por parte del Gobierno de Navarra y exige la reversión al sistema público de la atención informática, siguiendo los procedimientos que en su caso se acuerden con los sindicatos, y siempre consolidando el empleo de las personas afectadas. Además, la Dirección de Telecomunicaciones debe paralizar el proceso de adjudicación de este servicio para acabar con la privatización de un área tan sensible y confidencial. ELA recuerda que el Gobierno de Navarra no puede seguir siendo un agente activo en la precarización laboral y en la brecha salarial de género.