ELA denuncia la desprotección de las víctimas de la exposición a amianto en Navarra

Durante los últimos años, ELA ha iniciado una serie de procedimientos administrativos y judiciales para proceder al reconocimiento de las enfermedades profesionales relacionadas con la exposición laboral a amianto de varios ex-trabajadores de las empresas Fagor Ederlan (Tafalla) y Sunsundegui (Altsasu), y posibilitar así la tramitación de las correspondientes prestaciones, recargos, e indemnizaciones por responsabilidad civil en favor de dichas personas y sus familiares.

Cabe destacar 3 procedimientos en Fagor Ederlan llevados por ELA, uno de los cuales ha concluido con una Sentencia que impone una responsabilidad civil de 200.000 euros y un recargo de prestaciones del 40%. En Sunsundegi también han aparecido otros 4 casos que el ISPLN ha reconocido.

ELA alerta de que las enfermedades relacionadas con el amianto son, también en Nafarroa, un fenómeno de dimensiones pandémicas, consecuencia directa de la irresponsabilidad de las empresas y del insuficiente control público producido durante la segunda mitad del pasado siglo veinte. Dado que el período de latencia de este tipo de patologías, varias de ellas cancerígenas, puede llegar a ser de hasta 50 años, nos encontramos ante una problemática de salud pública y laboral interesadamente invisibilizada. En opinión de ELA, debe convertirse en prioridad política y social el establecimiento de medios para la prevención y control de dichas patologías, a fin de investigarlas, detectarlas a tiempo, y dar respuesta a las graves consecuencias que suponen.

En ese sentido, ELA insta a la empresas responsables a que dejen de recurrir resoluciones y sentencias favorables a personas expuestas a amianto en el ámbito laboral, ya que no hacen más que prolongar innecesariamente los procedimientos judiciales en curso, y ahondar en el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. A su vez, y a la vista de la falta de voluntad del Gobierno de España para la creación de un fondo de compensación, ELA insta al Gobierno de Navarra a dar los pasos necesarios para la creación de un sistema de resarcimiento propio, que posibilite el acceso al mismo desde el inicio por parte de las víctimas, sin que ello suponga la elusión de responsabilidades por parte de las empresas responsables.

Durante el siglo pasado, en Navarra se instalaron más de 6 millones de metros cuadrados y 500 kilómetros en cubiertas y conducciones de fibrocemento, cuyo coste de retirada se estima en 240 millones de euros. El proyecto de Presupuestos de 2022 sin embargo, tan solo contempla una partida de 50.000 euros para el desamiantado, mientras destina 800.000 euros al diálogo social en salud laboral. Por ello, ELA reclama al Gobierno de Navarra que renuncie de una vez a asignar dinero público al ineficaz y clientelar diálogo social en salud laboral, y destine dichos recursos a desarrollar políticas reales incrementando los medios de la administración pública, que permitan llevar a cabo iniciativas como el Plan de desamiantado de Navarra, paralizado desde su aprobación en 2018.