ELA denuncia el sistema de cuidados privatizado y precarizado que recae sobre las mujeres

De cara a la Huelga Feminista General convocada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria para el 30 de noviembre, ELA ha denunciado en una marcha ciclista las causas políticas de la brecha de género en el ámbito del cuidado. Ha reivindicado ante el Departamento de Servicios Sociales el primer convenio de residencias de Navarra, ante la patronal CEN el desbloqueo del Convenio de Comercio Textil y ante el Instituto Navarro de Igualdad ha interpelado al Gobierno de Navarra como responsable de un sistema de cuidados feminizado, precarizado y privatizado.

El sistema de cuidados es muy desigual. Estos son algunos datos de Navarra:
• Las mujeres tienen una participación mucho mayor en el cuidado de menores, mayores o personas con discapacidad. En 2022 las mujeres solicitaron el 86,3% de las excedencias para cuidado de hijas e hijos, y el 75,9% de las excedencias para el cuidado de familiares.
• Una parte importante del trabajo remunerado es realizado por trabajadoras del hogar, en gran parte mujeres migradas que sufren diversas situaciones de abuso. En Navarra hay 6.615 mujeres (y 227 hombres) afiliadas a la Seguridad Social en este régimen.
• Hay una diferencia de 18 puntos entre mujeres y hombres en la participación en tareas de cocina y otras tareas del hogar.
• La brecha salarial es de casi 500 euros al mes según los datos del salario bruto mensual medio del Observatorio de Realidad Social de Navarra. Una de las razones por la que las mujeres asumen una mayor proporción de las tareas de cuidados es que sale más “barato” que las mujeres dejen de tener un empleo remunerado, ya que la pérdida de ingresos es menor a la hora de acogerse a una excedencia o a una reducción de jornada.
• Según el Gobierno de Navarra, el total de personas atendidas por el conjunto de los servicios (públicos y privados) fue de 10.086 en 2021, lo que contrasta con las casi 50.000 personas con dependencia reconocida. Hay que tener en cuenta que entre esas 10.000 personas se encuentran, por ejemplo, 2.700 que tienen el servicio telefónico de emergencias. En 2021 el servicio de atención domiciliaria solo llegó a 945 personas.

En Navarra hay 72 residencias para mayores, de las que sólo dos son públicas, con 6.000 plazas de residentes. Sólo la mitad de las plazas son concertadas, por lo que hay 3.000 residentes que tienen que pagar el gasto íntegro. En este sector trabajan en torno a 4.000 personas, la gran mayoría mujeres, que están reclamando el primer convenio de residencias que mejore sus condiciones laborales. Las condiciones laborales en este sector son totalmente precarias, con salarios de 1.000 euros y 1.792 horas de trabajo al año.

ELA denuncia que el Gobierno de Navarra está permitiendo que haya incluso fondos buitre gestionando las residencias, unos fondos buitre que buscan su beneficio económico dejando de lado la calidad del servicio. El Gobierno debería implicarse en la consecución del primer Convenio de Residencias en Navarra, asumiendo su responsabilidad en un sector que recibe mucho dinero público. ELA defiende un sistema de cuidados público, publificando los servicios privatizados y subcontratados, y ampliando los servicios existentes, así como aumentado las ratios, que junto a un aumento presupuestario, deben llevar a crear muchos puestos de trabajo.