Las medidas planteadas por el Gobierno no sirven para reducir la temporalidad al 8%

ELA lleva años instando al Gobierno de Navarra a que saque a oferta pública de empleo todas las plazas que estén cubiertas en los últimos tres años, consten en plantilla o no, y realice procesos extraordinarios de consolidación del empleo público para reducir al temporalidad al 8%. 

Sin embargo, y a pesar de la Ley de estabilización, la temporalidad sigue disparada en la Administración, con especial gravedad en Salud y Educación. Esta es una de las razones que llevó a los cinco sindicatos de la Mesa General a la huelga el pasado 9 de abril. 

Dos semanas después de la huelga, el Gobierno plantea dos medidas relacionadas con la temporalidad que, en opinión de ELA, no sirven para reducirla al 8%. En el caso del Decreto-ley Foral propuesto, la Administración se ha visto apremiada a cambiar la normativa para así evitar la extinción de cientos de contratos que en mayo cumplirán tres años. “ELA estará  -como lo ha estado hasta ahora- al frente en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras temporales, pero esta cuestión concreta responde a la errática política llevada a cabo durante años por el propio Gobierno de Navarra en materia de personal”, afirma el sindicato. 

Añade que se ha aprovechado este Decreto para meter otras cuestiones, tales como exigir una permanencia mínima para el acceso a las excedencias voluntarias o incorporar nuevos criterios de baremación en los concursos de traslado; a partir de ahora se valorará únicamente la antigüedad en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria y, en su caso, los idiomas. A este respecto, quedan excluidas las acciones formativas cursadas por las personas empleadas públicas. 

Sobre la OPE propuesta, ELA considera que se debe ser exigentes con el Gobierno. Por eso, cualquier noticia, como puede ser la creación de nuevas plazas, no puede ser celebrada sin ponerla en contexto. Las plazas ofrecidas son las que llevan tres años cubiertas y son plazas que cubren necesidades estructurales en la Administración. O sea que deberían haber formado parte de la plantilla desde el inicio. “En consecuencia, no vemos que haya un esfuerzo extraordinario por parte de la Administración para estabilizar a la plantilla, sino que más bien se está cumpliendo con lo que exige la ley”, subraya.

ELA recuerda que el sindicato lleva años denunciando que se están aplicando políticas públicas restrictivas, con topes de gasto y tasas de reposición. Por ello, lamenta, se corre el riesgo de que, por comparación, se de por bueno algo insuficiente.