ELA ha instado al Consejero Gimeno a que deje de lado el PAI y lleve a cabo los procesos de consolidación que de verdad hacen falta en Educación
El Consejero de Educación ha citado al sindicato ELA, en principio para tratar sobre las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, para la que ELA llevaba sus propuestas, en las que lleva trabajando años. Sin embargo, la reunión ha consistido en informar sobre una proposición de ley para consolidar al profesorado de los programas de aprendizaje en lenguas extranjeras.
La legislación española y la de cualquier otro país no permite exigir el requisito de lenguas extranjeras para ingresar en la Administración como docente que no sea especialista. Gimeno intentó convencer a la Ministra para cambiar esta legislación pero no lo consiguió ya que todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial del Estado, excepto uno, lo rechazamos, al igual que hizo el Parlamento de Navarra en 2018.
El Consejero recurre ahora al autogobierno para sacarse de la manga un nuevo cuerpo de funcionariado navarro, pero con exigencia de lenguas extranjeras como si fuésemos un colonia británica. Este nuevo cuerpo estaría totalmente al margen de la Ley de Función Publica Estatal que rige al resto del funcionariado docente de Navarra.
Además, cuando precisamente desde ELA pedimos que para la consolidación se le dé más peso a la antigüedad y las pruebas no sean eliminatorias, el Departamento pretende dificultar que los aspirantes accedan a esas plazas añadiendo como requisito un perfil de idioma extranjero, dejando al margen a muchas personas que llevan trabajando en el sistema educativo desde hace tiempo. Es decir, el planteamiento de Gimeno no solo es contrario a la propuesta de ELA, sino que va en contra incluso del objetivo que buscan las leyes de estabilización marcadas desde Europa.
Por todo ello, exigimos al Departamento de Educación, por un lado, que desmonte el PAI que es perjudicial para el alumnado y del que se están saliendo colegios de todas las comunidades autónomas y, por otro lado, que lleve a cabo procesos garantistas que permitan a los y las profesionales temporales consolidar las plazas.