ELA llama a defender las libertades y a combatir a la ultraderecha avanzando en los derechos sociales

ELA se suma a la preocupación existente entre la clase trabajadora por el avance de las posiciones e influencia de las políticas de la ultraderecha. Esta ofensiva es una vuelta de tuerca más de la ideología neoliberal y capitalista para profundizar en la acumulación de riqueza y en el debilitamiento de proyectos colectivos que defiendan la democracia y los derechos sociales.

ELA ha advertido de los duros efectos de la crisis y del riesgo de que cada más personas puedan encontrar en el ideario ultraderechista una alternativa frente a las políticas antisociales y recortes aplicados por la mayoría de los gobiernos. Ante ello, ELA muestra su preocupación por la falta de pulso en la izquierda política a la hora de dar centralidad a las cuestiones sociales y laborales. La mejor manera de blindar una sociedad ante el racismo, la xenofobia, el machismo, la intolerancia y la homofobia es garantizar el bienestar con un cambio radical de las políticas públicas.

La respuesta a esta amenaza exige movilización y sensibilización social, pero debe comenzar por una reflexión sobre nuestro ámbito más cercano, donde son evidentes el precario alcance de las políticas públicas y el aumento de la desigualdad. ELA recuerda que el Gobierno de Navarra impidió en junio la recogida de firmas para llevar al Parlamento de Navarra una ILP sobre vivienda y Renta Garantizada.

Además, en un contexto de injusta recaudación fiscal y de escasa inversión social, hacer una defensa del superávit como la que hace el Gobierno de Navarra resulta cuando menos preocupante. En el mismo sentido, es una mala noticia la resignación política a la hora de disputar al Gobierno de Madrid la competencia para incrementar el gasto social.

Por ello, ELA considera que la movilización contra la ultraderecha es necesaria, y apoya la Marcha por la Libertad convocada el 23 de febrero (17.30 horas, Plaza Consistorial de Iruña), pero recuerda también que a esta amenaza no se le debe hacer frente solo desde la calle, sino también desde las instituciones y el cambio de las políticas públicas.