ELA presenta conflicto colectivo para que el personal de enseñanza concertada cobre lo que se le debe desde 2020
Ante las vagas promesas hechas ayer por el consejero al resto de sindicatos (en reunión de la que ELA se ha enterado hoy en las redes), y ante la proposición de Ley Foral de Navarra Suma, que va a debatir el Parlamento de Navarra el día 24 de junio, para recuperar las condiciones laborales del personal de educación pública y concertada desde septiembre de 2021, ELA ha presentado conflicto colectivo ante la justicia, para la reversión, desde el 1 de enero de 2020, del 1,25% al personal docente y del 1% al no-docente de concertada, como ya establecía la Ley 4/2019, de 7 de marzo, que sigue sin cumplir el Gobierno de Navarra, así como la subida pendiente del 1% de 2016.
El actual consejero socialista ya sabía, cuando accedió al cargo en agosto de 2019, que tenía que cumplir dicha Ley. De hecho introdujo en sus primeros presupuestos el dinero para afrontarlo en 2020, pero sólo abonó la mitad a las 3.500 personas que trabajan en colegios e ikastolas concertadas.
El consejero estaba también obligado por la prórroga del Acuerdo de Concertada de Navarra que él mismo firmó al acceder al cargo, que en su medida tercera decía que solo mantendría los recortes del RDL 14/2012 de Rajoy, mientras no existiera la posibilidad de “superar” ese decreto, lo cual ocurrió con la Ley 4/2019. Dichos recortes de 2012 no fueron aplicados en las CCAA que presidía el PSOE, pero en Navarra la alianza entre el gobierno de UPN, las patronales y SEPNA (el resto de sindicatos nos movilizamos en contra) reflejadas tanto en el Acuerdo de 28 de junio de 2012 como en el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 4 de julio de 2012, detrajeron 3,9 millones anuales de las nóminas de las personas trabajadoras para destinarlas a los gastos que estimara conveniente la presidenta Barcina y sus sucesoras. La reversión que preveían si se derogaba el RDL 14/2012 se les ha olvidado; también la homologación salarial al 95% con la pública, de la que nos aleja el impago del 1% de 2016, que sigue todavía pendiente.En 10 años son más de 40 millones detraídos a las plantillas de la enseñanza concertada, y desde el 1 de enero de 2020 no se cumple la ley de mejora. ELA va a seguir denunciando esta situación y ha ido a los tribunales, mientras espera el informe de Comptos, que se comprometió con ELA a fiscalizar este año a dónde fue el dinero que no llegó a los bolsillos de las plantillas en 2020.
ELA denuncia que ni con una pandemia ha habido aplausos para el personal educativo, y que la práctica de recortar en servicios básicos que se aplicó en la crisis anterior, sigue sin ser reparada todavía.