Las pruebas de alcohol y drogas que realiza la Policía Foral de Altsasu, Elizondo, Estella, Sangüesa y Tafalla incumplen la ley

ELA-Policía Foral estamos preocupados por lo que consideramos un incumplimiento de la legislación vigente en los dos últimos años, al permitir la realización de las pruebas de alcohol/drogas, con que posteriormente se procederá contra el conductor, a policías que no están habilitados por ley para la realización de dichas pruebas. En concreto, nos estamos refiriendo al personal que presta servicio en las comisarías periféricas de Policía Foral (Alsasua/Altsasu, Elizondo, Estella/Lizarra, Sangüesa, y Tafalla), pertenecientes todos ellos a la División de Prevención y Atención Ciudadana. Las funciones que tienen asignadas, establecidas en el Decreto Foral 72/2016 que aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Foral de Navarra, no incluyen la vigilancia del tráfico, que es la condición que se exige para la realización de las pruebas de alcohol/drogas (Ley de Seguridad Vial, RDL 06/2015, art 14,2). Las denuncias que puedan realizarse en base a las mismas, así como las imputaciones en su caso (delitos contra la Seguridad Vial), estarán viciadas desde el inicio, al realizarse por quien no está habilitado por ley para su realización.

Los intentos de la sección sindical de ELA en Policía Foral, a base de recursos al protocolo establecido para la realización de las pruebas de alcohol/drogas, no han sido atendidos, ni por el Jefe de Policía Foral en un primer momento, ni tampoco por la propia Consejera, que a través de la Orden Foral 52E/2016 desestima las alegaciones presentadas en un recurso anterior. Sin embargo, en la argumentación de esa orden foral queda claro que el personal que pertenece a la División de Prevención y Atención Ciudadana (los policías de las comisarías territoriales pertenecen a esta División) no está habilitado por ley para la realización de las pruebas de alcohol/drogas. Pero ello no es obstáculo para que sigan realizando pruebas a día de hoy.

A la vista de la inacción de Consejería, ELA se ha dirigido al Defensor del Pueblo, mediante una denuncia y propuesta de mejora de los servicios públicos.