No son brotes, es el modelo: 60 personas han fallecido en las residencias y centros de discapacidad de Navarra desde julio
La situación de las residencias de mayores y centros de discapacidad es insostenible. La pandemia ha sacado a la luz todos los problemas estructurales de un sector diseñado para que las empresas ganen dinero, no para cuidar de forma digna a quienes los necesitan y mucho menos a sus trabajadoras.
En la primera ola de la pandemia murieron 696 personas en las residencias y los centros de discapacidad en Navarra, y desde julio ha muerto 60 más.
No son brotes o casos aislados, 1 de cada 5 personas usuarias se contagió en la primera ola de la pandemia, y ahora mismo son 150 las personas usuarias contagiadas. Los contagios se han dado en casi todos los centros: en la residencia de Milagro, Padre Menni de Pamplona, Santo Domingo de Estella, la clínica de salud mental Mentalia de Olave, el centro de discapacidad San José, la residencia Andra Mari de Lesaka, la Clínica San Fermin de Pamplona, en Tudela, Peralta, en el psico-geriátrico Benito Meni de Elizondo o en las residencias de Tafalla, Viana y Sesma. Estos, desgraciadamente, solo son algunos ejemplos.
Las trabajadoras también están sufriendo las consecuencias de este modelo de cuidados. 1 de cada 4 trabajadoras se contagió durante la primera ola de la pandemia, y ahora mismo hay 85 personas de baja por la Covid19.
No son casos aislados. No son brotes aislados. Es la consecuencia de un modelo de cuidados privatizado en manos de empresas que priorizan sus beneficios económicos por encima del cuidado de las personas. Todo ello, además, sustentado por dinero público. Un modelo que permite que haya fondos buitre gestionando centros de discapacidad, que basa su negocio en la precariedad y la salud de las trabajadoras y en la ausencia de recursos y que tiene a muchas de las personas usuarias en condiciones de aislamiento desde marzo. Esta situación la ha provocado el modelo de cuidados, la Covid19 ha sido la última gota.
La huelga del día 17 de noviembre debe impulsar un cambio histórico en este sector, para convertirlo en un modelo de cuidados público basado en la cercanía, el trato de calidad y el respeto a la autonomía de las personas. Para eso, la dignificación de las condiciones laborales de las profesionales del sector de los cuidados es indispensable.