Pese a la reducción de la actividad económica por el coronavirus, 11 personas perdieron la vida en accidente laboral en 2020 en Navarra
Las últimas estadísticas oficiales de siniestralidad laboral publicadas por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) reflejan un descenso general del 20,6% en el año 2020 con respecto al año anterior. Sin embargo, cabe destacar que ello es consecuencia del estancamiento de la actividad económica y la disminución de la población expuesta, debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Además, los datos siguen muy negativos en cuanto al cómputo de personas fallecidas, sin tener en cuenta el peso del subregistro en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La crisis en el contexto del coronavirus ha supuesto que el año 2020 cerrara con una tasa de paro del 11,65 % en Navarra. A estos datos habría que añadir las 34.439 personas que han estado en situación de ERTE o ERE entre abril y diciembre del año 2020. Pese a todo, 11 personas murieron por accidente laboral el pasado año, y se desconoce el número de personas fallecidas por patologías relacionadas con el amianto o por haber contraído el coronavirus en su puesto de trabajo. En lo que se refiere al amianto, el trabajo realizado y la línea puesta en marcha sobre la afectación del mismo suspendida por la pandemia, además de ser retomada tiene que ser potenciada con todos los medios oportunos. Estos datos son especialmente graves teniendo en cuenta la prohibición en marzo de toda actividad no esencial, así como las diferentes limitaciones y restricciones que durante el resto del año han venido a ralentizar la actividad económica.
Según las estadísticas oficiales, cada día 57 personas sufren un accidente de trabajo en Navarra, con un índice de incidencia de 32,6 siniestros por cada mil personas ocupadas. A pesar de lo alarmante de los datos, éstos se encuentran muy alejados de la realidad, ya que en el caso de transportistas, cooperativistas y trabajadoras del hogar, entre otros sectores, los accidentes no se registran o son ocultadas por las propias empresas para evitar sanciones económicas y otras responsabilidades. En ese sentido, más el 99% de los accidentes son calificados como leves, y los escasos estudios al respecto afirman que existe una subdeclaración entre 3,5 y 15 veces superior que en accidentes graves. El problema del subregistro es especialmente grave en el caso de las enfermedades profesionales, donde las mutuas rechazan sistemáticamente el origen laboral de las patologías y derivan su atención a Osasunbidea, siendo dicho coste injustamente asumido por un sistema público cada vez más privatizado y descapitalizado.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se evitan adoptando medidas efectivas, pero la patronal continúa anteponiendo su beneficio económico a la seguridad y salud de las plantillas, valiéndose de las reformas laborales. En esta situación, es urgente incrementar la intervención pública en empresas y realizar un control estricto de las medidas sanitarias y de prevención en los centros de trabajo, para lo que es imprescindible aumentar en 50 personas el personal asignado a labores inspectoras, equiparándolo a la media Europea. Asimismo, el Gobierno de Navarra debe recuperar las competencias en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por su parte, el presupuesto público destinado a seguridad y salud laboral por el Gobierno de Navarra sigue siendo ridículo, y la pandemia ha vuelto a demostrar que los recursos de la administración pública son totalmente insuficientes. Reconociendo la labor y dedicación del personal del ISPLN, cabe destacar que debido al colapso producido por la gestión de la pandemia, durante todo el año 2020 no se publicaron estadísticas mensuales y trimestrales de siniestralidad, y que el último informe se ha elaborado con datos provisionales de enero a septiembre.
El grave recorte de los derechos laborales y sociales que está sufriendo la clase trabajadora desde hace años y que se está viendo gravada en este contexto de crisis supone una nueva ofensiva que no estamos dispuestas a pagar con nuestras vidas y nuestra salud. Es hora de defender nuestras condiciones de trabajo y de vida frente a todo lo demás, por lo que exigimos un cambio de dirección de las políticas públicas de seguridad y salud laboral, y para ello nos reafirmamos en las medidas propuestas el pasado 15 de enero al Gobierno de Navarra.