Reclamamos al Gobierno de Navarra que renuncie a asignar los fondos públicos de los excedentes de las mutuas a CEN, UGT y CCOO

ELA ha tenido conocimiento de que el próximo jueves, 22 de junio, se reunirá una Comisión del Consejo Navarro de Salud Laboral en la que se decidirán las acciones a financiar a cargo de 400.814,41 euros provenientes de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales (FEPRL).

Cabe recordar que ELA ha rechazado reiteradamente el sistema de gestión de dichos fondos públicos provenientes de los excedentes de las mutuas, que históricamente han sido asignados a la patronal CEN y a los sindicatos UGT y CCOO a través del Consejo Navarro de Salud Laboral, y por el que dichas organizaciones fueron adjudicatarias de más de 5 millones de euros provenientes de las cotizaciones sociales entre 2000 y 2013.

ELA destaca que el Tribunal de Cuentas ha concluido hasta en dos ocasiones que ha existido un reparto previo de dichos fondos entre las organizaciones patronales y sindicales que forman parte del patronato de la FEPRL, y que éstas eran juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, cuestionando incluso la dedicación de los fondos a la ejecución de las acciones financiadas.

Tras la anulación judicial de las convocatorias de 2008 a 2013 y la recentralización del sistema de asignación por parte de la propia Fundación, el Gobierno de Navarra interpuso una demanda judicial solicitando la nulidad de la convocatoria de 2017 y reclamando la competencia para gestionar dichas ayudas en favor del Consejo Navarro de Salud Laboral, la cual fue estimada.ELA se felicitó en su día de dicha sentencia que ratificaba la competencia de Navarra en la materia y defendía su autogobierno. Sin embargo, ante la decisión del Gobierno de avalar la adjudicación de dichos fondos en favor de CEN, UGT y CCOO en el Consejo Navarro de Salud Laboral, ELA decidió suspender su participación en dicho órgano a finales de 2018, de forma coordinada con el sindicato LAB.

Ante la reciente asignación de más de un millón de euros a dichas organizaciones mediante el Plan de Empleo y la creación de una Comisión del Consejo Navarro de Salud Laboral para decidir el destino de los fondos públicos de la FEPRL, ELA no puede más que ratificar su decisión de renunciar a participar dicho órgano, cada vez más orientado a mantener vivo el modelo de concertación social de anteriores gobiernos de UPN. Es por lo que ELA ni entiende ni comparte la decisión de LAB de volver a participar en él, a la vista de que nada ha cambiado desde el abandono conjunto con ELA.

Por último, ELA advierte de que el autogobierno resulta del todo ineficaz si las instituciones no terminan de asumir su responsabilidad en materia de seguridad y salud laboral. Condicionar el acceso a subvenciones y ayudas públicas al diálogo social y a la participación institucional es inaceptable, ya que supone legitimar de facto las políticas institucionales en plena escalada de siniestralidad laboral.