ELA denuncia la falta de contenido y concreción del Pacto Social por la Educación en Navarra
Analizadas las deficiencias de la propuesta de pacto, las principales demandas del sindicato son las siguientes:
1- En cuanto a las condiciones de trabajo:
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Estabilidad en el sistema público: hay que acordar un itinerario concreto para situar la temporalidad en la educación pública por debajo del 8% en 3 años.
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Reconocer la condición de personal docente al personal 0-3. En la medida en que en la propuesta de pacto se reconozca a esta etapa el carácter educativo, a su personal educativo se le debe reconocer el carácter docente.
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Recuperar el acuerdo de recolocación de trabajadores en la red concertada.
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Equiparación y mejora de las condiciones de trabajo entre los sistemas público y concertado en 5 años.
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Hay que multiplicar los puestos de trabajo para lograr una educación de mayor calidad.
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Revisar el sistema de selección de personal: hay que acordar la transición a un nuevo modelo de OPE.
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Garantizar la transparencia en la contratación en la concertada: crear un espacio para hacer públicas todas las ofertas de empleo de las escuelas concertadas y los méritos de los candidatos.
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Reducir ratios excesivos con datos concretos, sin generalizaciones.
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Garantizar la participación de todos los sindicatos, respetando su representación. No se garantiza la participación de todas las fuerzas sindicales en el Consejo Escolar de Navarra. Aprovecahar para ello la “actualización de la constitución” que recoge la propuesta de pacto.
2- Para la transformación del modelo educativo:
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Nuevo currículo: la ley debe recoger que la competencia para decidir el currículo debe estar en Navarra y prever que habrá un proceso participativo para su creación. Además, la religión confesional debe ser sustituida por el conocimiento científico de las creencias y religiones del mundo, y Euskal Herria debe ser el marco referencial. Finalmente, será necesario un acuerdo sociopolítico para defender el currículum acordado ante el Gobierno español.
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Creación propia y autónoma de materiales didácticos en los centros.
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Dar al euskera la entidad académica que le corresponde. A la hora de hablar sobre el conocimiento del euskera en la propuesta, se le da permanentemente un carácter voluntario frente a la obligatoriedad de las lenguas extranjeras. El sistema educativo debería garantizar un conocimiento mínimo del euskera para todos los navarros, como ocurre en todas las demás comunidades que cuentan con dos lenguas oficiales.
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En el modelo de inmersión lingüística en euskera: garantizar, además de la lengua vehicular, la presencia del euskera en todas las actividades de la escuela (comedor, actividades extraescolares, cuidados de las horas de juego, servicios de autobús...) y medir el uso del euskera.
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Tratar las lenguas extranjeras como tales. Desmontar los programas como el PAI en los que se haya demostrado su fracaso, utilizando las lenguas propias como vehiculares. Adquirir la competencia más adecuada en lenguas extranjeras, pero sin producir pérdidas en el resto de competencias.
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Marco para la publificación: si la comunidad de una escuela concertada-privada solicitara su publificación, la Ley de Educación debe recoger las bases mínimas para llevar a cabo este proceso. Entre ellos deberá figurar la subrogación del personal.
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Garantizar la gratuidad:
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Refuerzo de los recursos humanos del servicio de inspección para asegurar la gratuidad de la educación en las escuelas concertadas.
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Las escuelas que reciban financiación pública deberán hacer públicas sus cuentas y crear una Mesa de Transparencia con sindicatos, asociaciones de padres y partidos políticos.
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Clarificar la forma de pago de las actividades extraescolares.
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Para terminar con la segregación:
ELA apuesta por reservar un mínimo de 3 plazas por unidad o aula de 25 alumnos en redes públicas y concertadas. Esto no sólo durante el periodo de prematrícula y matriculación, sino también durante todo el curso escolar, para dar cabida a los alumnos posteriormente matriculados, en lugar de plantearse un incremento inicial del 10% de ratio para estas situaciones.
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Garantizar la inversión pública media europea en un plazo de tres años, destinando como mínimo el 4,7% del Producto Interior Bruto a la educación.