Movilizaciones por los derechos lingüísticos en Getxo

Asimismo, se argumenta que es “suficiente” con que uno de cada dos agentes locales sepa euskera, cuando las vulneraciones de derechos lingüísticos registradas indican que eso no es así. Además, el que una persona de cada pareja de policías no hable esta lengua impone de facto el castellano como única lengua de trabajo.
Por último, en este caso no se trata de un proceso de consolidación, sino de una convocatoria de puestos de trabajo que empieza de cero. En consecuencia, no se garantiza que las y los jóvenes que accedan a una plaza de municipal sepan euskera y, por tanto, ello puede prolongar las vulneraciones de derechos durante décadas.
Pero hay otra cuestión de fondo que acentúa mucho la gravedad de la situación: los motivos empleados para justificar la decisión. Hasta ahora era el poder judicial el que atacaba medidas en favor del euskera impulsadas desde los ayuntamientos y, en general, desde las administraciones públicas, considerándolas “excesivas” y obstaculizando así la normalización del euskera. En definitiva, dictando la política lingüística y anulando la competencia que las instituciones tienen en este ámbito. Sin embargo, en esta ocasión ha sido la propia corporación municipal la que ha impuesto medidas contra la igualdad lingüística, asumiendo así la doctrina retrógrada, reaccionaria y euskarófoba de los tribunales. Esto resulta especialmente grave, porque esta decisión da paso a una nueva fase de la ofensiva judicial.
El Ayuntamiento alude a la “realidad sociolingüística” para justificar la limitación de las medidas favorables al euskera. Sin embargo, ahora que se quiere dar pábulo a la falsa dicotomía entre derechos lingüísticos y derechos laborales, la mayoría sindical se ha posicionado inequívocamente en favor de la normalización del euskera. También en el Parlamento vasco es una abrumadora mayoría la que se alinea con la población euskaltzale, que el pasado 4 de noviembre del año pasado salió a la calle en Bilbo para denunciar esa ofensiva. Es más, según la última encuesta sociolingüística el 75% de la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa considera imprescindible conocer ambas lenguas oficiales para ser empleada o empleado público. Por último, las denuncias recogidas por el Observatorio de los Derechos Lingüísticos (Hizkuntz Eskubideen Behatokia) indican que la administración no garantiza el derecho a ser atendido en la lengua que cada ciudadana o ciudadano elija. Todo ello también forma parte de la “realidad lingüística”. Está claro, por tanto, que en la sociedad hay un amplio consenso para avanzar en la normalización del euskera y para que se den pasos decididos hacia la euskaldunización de la administración.
Por encima de todos los obstáculos, Kontseilua, LAB y ELAk llaman a los partidos que defienden la normalización del euskera y la garantía de los derechos lingüísticos para toda la ciudadanía a que den a la cuestión lingüística la centralidad que merece y adopten los compromisos y medidas que exige el proceso de normalización del euskera. Urge realizar una reforma legal que dé seguridad jurídica para avanzar en este ámbito, porque es una administración plenamente bilingüe la única que puede garantizar realmente los derechos lingüísticos.
Por todo ello, Kontseilua, LAB y ELA han convocado una concentración para este jueves, 31 de octubre, a las 11 horas ante el Ayuntamiento de Getxo, en defensa de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía, trabajadores y trabajadoras y para reclamar a la corporación que dé marcha atrás en su decisión.
Por otra parte, el lunes, 4 de noviembre, se llevarán a cabo dos movilizaciones convocadas por la ciudadanía en los barrios de Getxo: A las 19 horas en la plaza Telletxe de Algorta y en la plaza Santa Eugenia de Romo.