La Covid-19 nos ha cambiado la forma de vivir. Más de 2.000 personas han muerto por ella en nuestro territorio. Desde marzo se han destruido 34.000 empleos en Hego Euskal Herria. Además, 35.000 personas siguen en ERTE. La crisis está afectando directamente a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores. Las coberturas sociales siguen siendo insuficientes, ni siquiera se ha aprobado una prestación que cubra las necesidades de cuidado generadas por la pandemia. En los próximos meses el paro, la inseguridad laboral y la desigualdad social van a crecer, por lo que vamos a sufrir una convulsión social de magnitudes difíciles de prever.

Todo ello en un escenario previo que estaba lejos de ser aceptable ya que, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad aumentaban también en los años de crecimiento (la Encuesta de Pobreza publicada por el Gobierno Vasco mostraba que en 2018 había más de 130.000 personas en pobreza grave, un 46% más que en 2008).

Lo sucedido en los últimos meses nos permite extraer conclusiones para plantear las alternativas y las medidas que se deben aplicar de manera inmediata si no queremos aceptar la vía de los recortes impuesta tras la crisis financiera de 2008. Es fundamental abandonar las políticas de austeridad, rompiendo para siempre con los límites de deuda, déficit o regla de gasto. Se ha evidenciado que los trabajos esenciales son los que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida y los cuidados. Se tienen que reforzar drásticamente los servicios públicos y lo común. Es imprescindible aumentar los ingresos públicos a través de una reforma fiscal que aumente los impuestos que pagan las empresas, el capital, los patrimonios y las rentas altas. También hemos aprendido la necesidad de relocalizar la economía frente al mantra de la globalización y la internacionalización.

Hay que primar los derechos de las personas frente a los del capital, destinando los recursos públicos a rescatar a las personas, en especial a las que viven en situación de mayor vulnerabilidad. Y hay que dignificar el valor del trabajo y, en especial, en los sectores precarizados y feminizados.

Sin embargo, la respuesta de las instituciones no ha estado a la altura de la gravedad de la crisis. El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021 es insuficiente.

Inmersos en una inercia de autocomplacencia, publicidad y propaganda, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra apenas han puesto en marcha actuaciones concretas para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social que vivimos. El resultado es que, detrás del espejismo del Teleberri (el No-Do se queda corto), la gente no ve ninguna mejora en su situación. En cualquier entorno se repite una frase, con distintas variantes y calificativos: «Dicen que hay ayudas, pero es mentira».

Este año se está produciendo una fuerte caída de la recaudación (las estimaciones actuales fijan esa caída en casi 3.000 millones de euros en la CAPV y en 500 en Navarra). Para mantener el presupuesto de este año con algunos recortes el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra se van a ir a un déficit muy grande, generando un endeudamiento que puede ser la base de mayores recortes en el futuro (como vimos tras la crisis de 2008).

Los presupuestos de 2021 están sin definir, y la situación es preocupante. Va a haber una recaudación claramente insuficiente. Es inadmisible que cuando se eliminan para estos dos años los límite de deuda el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y el Gobierno de Navarra acuerden con Madrid límites en estas materias que no van a ser suficientes para poder afrontar los niveles necesarios de gasto público.

Mención específica merecen los fondos europeos. ELA ya denunció que los Estados que solicitasen esos fondos tendrían que acometer reformas y recortes. Ahora también sabemos que esos fondos no va a llegar a los presupuestos del Gobierno Vasco o Gobierno de Navarra. Los va a gestionar directamente el Gobierno de Sánchez, y además no van orientados a cubrir las necesidades sociales sino que tienen como destinatarios proyectos enmarcados dentro de la lógica neoliberal y capitalista europea. La primera lista presentada por Urkullu destina ese dinero fundamentalmente al TAV, Iberdrola y Petronor. Por tanto, los fondos europeos son una trampa en sí mismos, y tampoco van a ser una posible fuente de financiación de nuestros gobiernos para los próximos años, lo cual demuestra que la única alternativa es la reforma fiscal.

Quienes nos gobiernan no tienen ninguna voluntad de realizar el cambio de políticas necesario para avanzar en esta dirección. Al contrario, su discurso avala una nueva vuelta de tuerca a los derechos laborales y sociales, como se demuestra en su alineamiento con la patronal a la hora de defender una rebaja de los salarios, o al negarse frontalmente a aumentar los impuestos al capital (algo que ha reclamado incluso la OCDE, una de las instituciones que gobiernan el entramado institucional neoliberal).

Por tanto, va a ser necesario dar nuevos pasos en la movilización social. Es la única vía para que las políticas pongan a las personas y a los derechos en el centro. En las próximas semanas y meses vamos a avanzar en esa vía, en alianza con otras organizaciones sindicales y sociales, como hicimos en la huelga general del 30 de enero.

A la calle para publificar el ámbito de los cuidados y la salud

La Covid-19 ha puesto de manifiesto lo que venimos reivindicando desde hace tiempo, que los trabajos de cuidados son esenciales, no se pueden parar. La cobertura del sistema de cuidados (residencias, ayuda domiciliaria,…) es muy escasa. Deja de lado la mayor parte de las necesidades existentes, y en los casos en que se da cobertura, o es insuficiente o establece un nivel de pago o copago inasumible.

ELA ha puesto en marcha una campaña que persigue la publificación de los sectores subcontratados de cuidados y salud, demandando a su vez la creación de 10.000 puestos de trabajo, con condiciones de trabajo dignas. En este sentido, tenemos varias reivindicaciones destacables.

1. El reconocimiento legal del derecho a que todas las situaciones de dependencia sean cubiertas por un sistema público, universal, gratuito y de calidad.
2. La publificación de los sectores subcontratados de los cuidados y de la salud.
3. La contratación de 10.000 personas para construir un modelo público de cuidados diferente al que tenemos actualmente, que cubra todas las situaciones de dependencia desde que nacemos hasta que morimos y con mejores condiciones de trabajo, porque son ámbitos muy precarios, sobre todo el de los cuidados. Y esto tampoco es casualidad, porque se trata de trabajos que se nos han asignado a las mujeres (en muchos casos mujeres racializadas) mediante la división sexual del trabajo y que realizamos en condiciones muy precarias, llegando en la práctica hasta a situaciones de esclavitud y en muchos casos de forma gratuita.
   
   

28 medidas concretas para lograr una salida justa

En otoño saldremos a la calle para garantizar derechos