Huelgas que alimentan la educación

Son las trabajadoras y trabajadores quienes han sufrido en sus carnes las consecuencias de esta brutal política de recortes. Por otra parte, aunque las y los profesionales han puesto mucho de su parte, también el alumnado ha sido víctima de la falta de financiación, y no ha recibido la educación que se merecía. Para tener idea del alcance que ha tenido el recorte, con esa cifra difícil de abarcar para una persona normal se podría contratar, por ejemplo, a 10.000 personas.

En este sentido, el debate en torno al Pacto Educativo ha sido muy curioso: surgen numerosas cuestiones imprescindibles para mejorar la educación, pero no se concretan los recursos necesarios para llevar a la práctica esos proyectos, ni la financiación necesaria para garantizar que sean de calidad. Los diversos agentes educativos -entre ellos, las patronales de la enseñanza concertada- han participado en ese debate sin discutir la inversión pública necesaria para el sector.

Está bien hablar de filosofía, quizá nuestras preocupaciones sean más terrenales. Nuestra filosofía nace de la realidad y en esa realidad las personas que trabajan en la educación soportan graves problemas: carga de trabajo excesiva, eventualidad, masificación, obligación de trabajar muchísimo fuera de las horas regulares, fuerte pérdida de poder adquisitivo... Cuando estallan los conflictos estamos acostumbrados a oír a la consejera Cristina Uriarte sus “responsables” apelaciones y catilinarias contra los sindicatos: el año pasado secuestramos a las alumnas y alumnos, y este año hemos llevado el conflicto a las aulas.

Es la realidad que hemos descrito la que provoca el conflicto, y esa realidad ha sido originada por el Gobierno Vasco, en especial en esta última década. Es el ejecutivo el que ha llevado el conflicto hasta las entrañas de las aulas.

Al departamento de Educación las personas que trabajan en el sector le importan un pimiento. Precisamente lo volvió a demostrar cuando planteó un hipotético cambio del modelo de gestión de los comedores escolares, sin aclarar qué puede ocurrir con la gente que trabaja en ellos. Hay que tener en cuenta que este año la eventualidad entre el personal gestionado directamente por Educación es del 70%, y que estas personas corren peligro de ser despedidas.

La inmensa mayoría de las personas empleadas en este ámbito son mujeres: este es el compromiso feminista del Gobierno Vasco ante el 8 de Marzo. Eso sí, luego obligará a las profesoras y profesores a implantar programas innovadores para extender los valores favorables a la igualdad, aunque tengan que prepararlos fuera de horas.

Ante este tipo de políticas la única actuación responsable para quienes creemos en una educación de calidad es la huelga; esta es la única garantía que podemos dar para que la educación que reciban nuestros hijos e hijas sea diferente.

En opinión de ELA resulta curiosa la posición de todas las patronales de la enseñanza concertada: dicen que su financiación depende del departamento de Educación, pero aun cuando ello fuera así, no protestan ante un marco que limita totalmente la calidad de sus proyectos pedagógicos.

Es más fácil hacer comparaciones con la financiación de la educación pública que discutir el volumen total de recursos que la administración destina al sector. Nos dejan solos en esta denuncia, pero cuando convocamos huelgas se quejan.

El Gobierno Vasco nos demanda a los sindicatos que desconvoquemos las movilizaciones sin que se hayan resuelto los problemas de fondo. El año pasado quería que hubiese paz social en la red pública sin dar salida a la eventualidad, la pérdida de poder adquisitivo, las cargas de trabajo o las sustituciones.

Las negociaciones que unos y otros plantean en la red concertada tienen trampa; las patronales nos dicen que harán llegar a las trabajadoras y trabajadores lo que reciban del Gobierno Vasco, pero pretenden monopolizar la negociación de los conciertos, cuando ya no haya huelga. O lo que es lo mismo, plantean que los sindicatos renunciemos a nuestra autonomía, como si nuestro rol fuese dar el visto bueno a un trueque económico acordado por ellos. Por eso no firmamos el acuerdo de ikastolas, aunque ello extrañe al Consejero Erkoreka.

ELA no se plegará al papel de gestor de las consecuencias que tienen las políticas de recorte. Por el contrario, queremos organizar a las trabajadoras y trabajadores en favor de un modelo de sociedad más justo, y mientras no haya acuerdo en ese sentido no firmaremos ningún acuerdo; en la medida de lo posible seguiremos organizando huelgas en todos los ámbitos educativos. Lo nuestro no es una labor notarial, de certificar una realidad que no nos gusta, sino tratar de cambiar la realidad mediante la movilización.

La recuperación en serio del poder adquisitivo tanto en la red pública como en la concertada, la reducción de la eventualidad hasta que quede por debajo del 8%, la posibilidad de acabar la jornada laboral en horas de trabajo, las garantías de recolocación en caso de que haya cierre de aulas por la evolución de la natalidad o la reducción de las cargas de trabajo son cuestiones de justicia. Si esta financiación pública que ha dejado la educación en una situación anémica no lo permite el Gobierno tendrá que plantearse cómo aumentar los ingresos; por ejemplo, puede echar mano de las rentas de capital, donde hay gran margen de mejora.

Como cantaba Laboa en el poema de Joxanton Artze, “Batek goserikan diraueno ez gara gu asetuko” (“mientras alguien pase hambre no estaremos satisfechos”); al menos ELA no lo estará hasta que en este sector se pueda trabajar dignamente y se dispongan los recursos necesarios para ello, hasta que no se alimente la educación como es debido.